Cerco a Batasuna

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, y el vicepresidente primero del Gobierno español y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, cerraron ayer, en el ámbito del pacto antiterrorista, un acuerdo de reforma de la Ley Electoral y de la Ley de Partidos por la cual los cargos electos de las agrupaciones de electores podrán ser suspendidos de su cargo tras unas elecciones «si se demuestra su vinculación con Batasuna o el entorno de ETA». Hasta ahora, las agrupaciones electorales, que son en realidad grupos de ciudadanos que se unen de manera temporal para presentarse conjuntamente a unas elecciones bajo una misma candidatura, quedaban fuera del alcance de la Ley de Partidos, por lo que hubiera cabido la posibilidad de que la izquierda radical hubiese encontrado por esta vía un portillo para el fraude de ley que le diera acceso a las corporaciones locales. Tras el acuerdo PP-PSOE, ello es imposible. La pregunta que sin duda se formulan en estos casos los ciudadanos sigue en pie: ¿cómo es posible que dos partidos que logran magníficos consensos en esta materia no sean capaces de conseguirlos en otros terrenos donde está en juego la recuperación económica?