Autónomos

Empleo, protección social y crecimiento económico son los tres ejes básicos sobre los que se articula el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo ejercicio. Es en los momentos de crisis económica cuando un sector de la población corre más riesgos de sufrir la desigualdad, cuando se vuelve más vulnerable al azote de la marginación y el desarraigo. En esta situación los poderes públicos deben asumir el compromiso de garantizar unos mínimos vitales a través del mantenimiento del Estado de Bienestar, que en nuestro caso se concreta en la educación, la salud, las ayudas a la dependencia, las pensiones y en general los servicios públicos y las prestaciones sociales.

Para que el modelo social sea sostenible en el medio y largo plazo es necesario resolver el problema del desempleo, fomentando un nuevo modelo de crecimiento económico menos dependiente de la construcción, aunque contando con la reactivación de este sector, más asentado en la cualificación profesional y en la implantación de las tecnologías más eficientes.

La formación es la mejor herramienta para encontrar trabajo, por eso el Presidente Griñan ha colocada a la educación en el centro del debate político, situándola como la máxima prioridad, la mejor inversión de futuro, la mayor herramienta para avanzar hacia un nuevo modelo productivo más eficiente y competitivo en el marco de una economía global.

El fomento de la cultura emprendedora está presente en el presupuesto para 2011 de la Junta de Andalucía como una política transversal que afecta a todos los departamentos. A la Consejería de Empleo se le encomienda la responsabilidad del Plan Proyecta que con una asignación de 510 millones de euros, debe poner en marcha planes específicos y preferentes para la formación de los colectivos que más dificultades encuentran para encontrar trabajo: mayores de 45 años, jóvenes sin formación y emprendedores autónomos.

Hay que hacer un esfuerzo de pedagogía social para desterrar la idea de la edad como barrera para la productividad y la eficiencia, porque la experiencia es un activo y el incremento de la esperanza de vida hace imprescindible subir la edad de jubilación para la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Hay que recuperar a esa generación que abandonó precipitadamente la escuela para acceder a un empleo fácil, vinculado a la burbuja inmobiliaria, que se encuentra ahora sin trabajo, con importantes caras financieras a sus espaldas, con responsabilidades familiares y sin formación para acceder a otra actividad.

En todo caso, es necesario cambiar el paradigma de la formación para el empleo, que actualmente sitúa las mayores expectativas en el empleo público y en el empleo por cuenta ajena, para situarlo en el autoempleo. Hay que pasar de los demandantes a los oferentes de ocupación.

El sector público está en proceso de ajuste, de reestructuración, de adelgazamiento, por lo que ofrecerá escasas posibilidades de acceder al empleo en el futuro. La globalización con su correlato de conformación de oligopolios multinacionales no apuesta por complejas instalaciones que ocupan a miles de personas, sino que optan por externalizar al máximo los procesos industriales a través de empresas auxiliares más pequeñas y ajenas a las grandes corporaciones. Cada vez es más difícil atraer una gran inversión empresarial y cuando se logra viene acompañada del riesgo latente de la deslocalización.

En este escenario parece cada día más evidente que el trabajo autónomo debe ser una de las apuestas claves para la conformación de un modelo de desarrollo económico eficiente, competitivo y sostenible. La condición necesaria, aunque puede que no suficiente, es el cambio de la mentalidad social imperante que ya desde hace muchos años ha venido recomendando a las nuevas generaciones «comer de olla grande».

El autónomo es una pieza muy preciada en la batalla electoral y siempre tiene un espacio relevante en el argumentario político de los partidos, todos conscientes de que constituye la argamasa de la clase media, siempre determinante en la conformación de las mayorías parlamentarias. La derecha española siempre lo ha tenido presente en sus programas y discursos, pero nunca en la literatura del Boletín Oficial del Estado.

Por fin en esta legislatura, a propuesta del gobierno socialista presidido por Zapatero, el Parlamento Español ha aprobado la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, en la que se recogen por primera vez los derechos y deberes del colectivo. En el mes de agosto del presente año salió adelante la Ley del Sistema de Protección por Cese de Actividad, que implanta la percepción por desempleo de los autónomos, así como otras medidas de fomento tales como la orientación profesional, la formación y el asesoramiento técnico y legal.

En Andalucía la importancia económica y social del sector, que ocupa a más de 471.000 personas, se pone de manifiesto por su presencia en el VII Acuerdo de Concertación Social en Andalucía, en el que se asume el compromiso público de promover el empleo autónomo y favorecer la cultura emprendedora.

Nuestra comunidad autónoma es la primera de España en poner en marcha una iniciativa legislativa en la materia. El borrador de la nueva ley plantea los objetivos de: favorecer la participación, mejorar el tejido productivo, regular las políticas públicas, facilitar la conciliación familiar y laboral, impulsar la titularidad compartida, mejorar la financiación, la cualificación profesional, la creación de empleo y las bonificaciones fiscales. El texto a debate también regula las asociaciones y entidades representativas, apuesta por un sistema extrajudicial de resolución de conflictos y crea el Consejo Andaluz del Trabajador Autónomo.

Las asociaciones más representativas (UPTA, CEAT y ATA) aunque reconocen el avance legislativo que consolida los derechos sociales de los autónomos, advierten de las dificultades por las que atraviesan a consecuencia de la crisis, exigen el reconocimiento de su capacidad de representación e interlocución y demandan una solución urgente al problema de la morosidad de las administraciones públicas.