Rescate condicionado

La resistencia inicial de las autoridades irlandesas a solicitar la ayuda europea para evitar el colapso financiero de su economía ha dado paso a la formalización de tal petición. El Gobierno de Brian Cowen ha comprendido que puede enfrentarse a un problema más serio que el de la impopularidad: los riesgos que acechan a un sector bancario prácticamente nacionalizado y las posibles nuevas subidas del interés que la República de Irlanda se ve obligada a abonar para colocar su deuda en el mercado internacional. El Ejecutivo de Dublín ha tratado en las últimas semanas de convencerse -y convencer a Europa- de que contaba con más tiempo y recursos para eludir la operación de rescate a la que las instituciones de la UE le invitaban. Por fin se ha dado cuenta de que le resultará menos oneroso políticamente aprobar ahora las medidas de ajuste que lleva aparejadas la ayuda brindada por la Unión, el FMI y el Reino Unido que verse obligado a adoptar recortes presupuestarios más drásticos si su inacción condujese, como sería previsible, a un marasmo que afectaría gravemente a las economías del euro. Todo parece indicar que el ajuste fiscal requerido por la Comisión, el BCE y el FMI al Gobierno irlandés se situaría en torno a 21.000 millones de euros a afrontar durante los cuatro próximos ejercicios. Una cantidad tan abrumadora (el 10% del PIB irlandés) que su solo anuncio repercutirá en el ánimo de una sociedad que durante los años de crecimiento se había vanagloriado de su éxito. El Ejecutivo de Cowen está tratando de componer un cuadro socialmente compensado entre la reducción que afectaría a las prestaciones, a los servicios públicos y al salario mínimo y la aplicación de una mayor presión recaudatoria en determinados impuestos -como a la propiedad y a las mayores fortunas- para obtener el máximo rendimiento financiero con el mínimo coste político. Está descartado que los ajustes incorporen la revisión del impuesto de sociedades, que con su 12,5% ha logrado atraer hacia Irlanda las sedes sociales de numerosas firmas. Pero el hecho de que tras la operación de rescate la economía irlandesa continúe siendo favorecida por una presión fiscal sobre los beneficios de las empresas que supone la mitad del impuesto de sociedades medio de la UE generará agravio en los otros 26 países