Los jueces se blindan frente a las presiones externas

Los jueces estarán más protegidos frente a las actuaciones «inquietantes o perturbadoras» que afecten a su independencia judicial. El nuevo reglamento del procedimiento de amparo, cuya aprobación ultima el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nace con la intención de responder a una de las eternas demandas de la carrera judicial, en tanto que existe una cierta sensación de indefensión ante determinadas presiones externas. El nuevo reglamento confiere al Ministerio Fiscal un papel central, ya que deberá investigar las denuncias presentadas por los jueces y tribunales y determinar si los hechos denunciados vulneran su autonomía.

Cada año, la Comisión Permanente del CGPJ tramita entre «cinco o seis» peticiones de amparo de jueces y magistrados, que, por regla general, acaban siendo rechazadas. Se trata de una «cifra raquítica» a la vista del creciente interés de los togados por el uso del procedimiento de amparo. «Últimamente se están sobrepasando los límites y eran necesarias medidas especiales de protección», justificaba el presidente de un Tribunal Superior de Justicia en las jornadas de comunicación que organizó el Poder Judicial hace dos semanas en Zafra (Badajoz).

Uno de los puntos más espinosos del proyecto -definir las actuaciones «perturbadoras» que pudieran coartar la independencia judicial- se refiere a las declaraciones hechas en público y recogidas por los medios de comunicación que, «objetivamente», sean susceptibles de influir en la capacidad de resolución del juez, ya sea en fase de instrucción o cuando va a dictar sentencia. Asimismo, incluye aquellos actos y manifestaciones carentes de publicidad que también pueden afectar a la imagen o a las funciones jurisdiccionales del magistrado.

La petición de amparo se iniciará a instancias del juez y este deberá explicar con «claridad y precisión» los hechos por los que se siente inquietado. El escrito deberá presentarse en un plazo máximo de cinco días desde que ocurrieron los hechos o desde que el magistrado tuvo conocimiento de los mismos. A partir de ahí será la Comisión Permanente del CGPJ quien tendrá que pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud.

El rechazo de los escritos dependerá de cuatro supuestos: de que se realice dentro del plazo previsto, del interés del propio interesado en el asunto, de que no haya casos análogos en los que se haya denegado el amparo o cuando la solicitud carezca «manifiestamente» de fundamento. En caso de admitirse, la Comisión Permanente solicitará a la persona, entidad o asociación que provocó la reacción del juez cuantas alegaciones estime convenientes para defenderse. Asimismo, podrá practicar otras diligencias para comprobar la denuncia.

La Comisión Permanente elaborará un expediente con el resultado final de las diligencias y lo elevará al pleno del CGPJ para su posterior votación. Será esta instancia, compuesta por los 20 vocales del Consejo más el presidente Carlos Dívar, quién dicte resolución otorgando o denegando el amparo. En caso de que se conceda se requerirá al denunciado que cese su hostigamiento al juez y se podrán promover «otras medidas» para restaurar la independencia judicial dañada, según recoge el reglamento.

Asunto comprometido

El Ministerio Fiscal tendrá conocimiento de los hechos y el CGPJ podrá publicitar la resolución adoptada. Si ninguna de las partes está de acuerdo con la propuesta definitiva se podrá interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Por vez primera, el alto tribunal tendrá la obligación de pronunciarse sobre un asunto tan comprometido para la independencia de los jueces.

La reforma del procedimiento de amparo ya ha sido aprobada por la Comisión de Estudios del CGPJ y en la actualidad se encuentra en fase de consultas entre los magistrados y las asociaciones judiciales, quienes formularán las alegaciones que consideren oportunas. No obstante, el sentir mayoritario de la carrera judicial es de apoyo al proyecto, ya que lo consideran una respuesta judicial «necesaria» para protegerse de las presiones externas, argumentan fuentes del órgano de gobierno de los jueces.