Pacheco tendrá que sentarse en el banquillo

La mejor defensa es un buen ataque. Eso es lo que han debido pensar en el gobierno municipal y lo que les llevó ayer a anunciar, en medio de la marejada por las imputaciones de más asesores, que la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación formulado por Pedro Pacheco, José López y Manuel Cobacho, interpuesto contra el auto que acordó la transformación en procedimiento abreviado de las diligencias que se siguen contra dichas personas «por su participación en un delito de malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial y prevaricación», según se especifica en el auto.

Pacheco había solicitado en su recurso el sobreseimiento y archivo de las diligencias, después de que el auto recurrido de 27 de enero del año 2010 declarase expresamente que «las diligencias hasta la fecha practicadas (...) evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los imputados (Pacheco, López y Cobacho), pues existen indicios de participación en los mismos que derivan de modo principal de la documental que obra en la causa y testificales practicadas .».

Hay que recordar que López y Cobacho fueron contratados por el Ayuntamiento como asesores de distintas empresas municipales, cobrando como tales a pesar de que no consta siquiera que aparecieran por las dependencias de estas sociedades. Las contrataciones se realizaron en el marco del pacto de gobierno que llevó a la Alcaldía a Pilar Sánchez, ejerciendo Pacheco entonces como primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo.

Tras esta denuncia que hizo la misma Pilar Sánchez ante la Fiscalía Anticorrupción, Pacheco respondió posteriormente con la presentación de una querella por la contratación de los 32 asesores y altos cargos.

En este fuego cruzado de procesos judiciales, desde el ejecutivo local resaltaron ayer que «esta resolución significa que en fechas inmediatas se dará traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, para que en un plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral con la formulación del escrito de acusación, trámite previo para que el juzgado pueda acordar la apertura del juicio, lo que sentará finalmente a los imputados en el banquillo para responder de los graves delitos que se les imputan».

Por tanto y ante el caso de los asesores que Pacheco tiene abierto contra el Ayuntamiento, el gobierno considera que «lo que pretende y lo único que la motiva es una estrategia de defensa ante las graves acusaciones de las que tendrán que responder, y que de forma explícita se pone en evidencia de este auto de la Audiencia Provincial», fechado el pasado día 17. Además, llama la atención sobre el hecho de que «tanto el Pacheco como López, habían defendido en sus respectivos recursos la plena legalidad de la contratación de personal de confianza. Así, al referirse a la contratación de López, el ex alcalde sostiene en su recurso que se le contrata con base a la confianza que requiere un cargo de asesor, y añade que la confianza que resulta base en este tipo de contrataciones, resulta incompatible con el sistema de oferta pública, siendo suficiente la satisfacción plena de quien lo ha nombrado».

«Argumentos falsos»

Esto lleva a concluir al ejecutivo que «los argumentos que esgrimen Pacheco y López en su defensa, son exactamente los contrarios que utilizan para acusar a la alcaldesa en el conocido como caso asesores, y demuestran que son plenamente conscientes de que están sustentando su querella sobre argumentos falsos, con el único objetivo de producir daño a las personas afectadas y al gobierno a través del efecto mediático que produce la tramitación judicial».

El gobierno reitera su «máximo respeto y colaboración con la justicia, desde la absoluta convicción de que los hechos que constituyen la acusación, tanto hacia la alcaldesa como hacia las demás personas que afectadas, son absolutamente insostenibles como integrantes de posibles tipos delictivos en su totalidad, y algunos incluso simplemente falsos. Esto significa que cuando la situación del proceso lo permita, y cuando las pruebas dejen aclarados todos los hechos denunciados y las falsedades que de forma intencionada están introduciendo los querellantes en las actuaciones, se estudiará poner una denuncia contra estos por un posible delito de denuncias falsas».

Finalmente, quieren aclarar que «la condición de imputado en un procedimiento judicial, especialmente en la fase de instrucción que es en la que se encuentra el caso asesores, no implica en modo alguno que las personas afectadas hayan incurrido en delito alguno».