ESPAÑA

La justicia 'resucita' el sumario sobre el genocidio en la ex colonia

El sustituto de Garzón exige al Gobierno explicaciones por la falta de respuesta a sus comisiones rogatorias

MADRID. Actualizado: Guardar
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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido 'resucitar' la causa sobre el 'genocidio saharaui' en plena polémica por la represión marroquí en El Aaiún. El magistrado exigió ayer al Ministerio de Justicia que «a la mayor brevedad» le informe sobre las gestiones que ha hecho con las autoridades de Rabat para investigar la masacre de 542 saharauis a manos del ejército marroquí entre 1976 y 1987.

El sustituto de Baltasar Garzón ha tomado la decisión de reactivar esta causa sólo tres días después de que el Gobierno no ejecutara la orden de busca y captura contra el general Hosni Benslimane, uno de los imputados en el sumario de la Audiencia Nacional, quien el pasado martes estuvo en Madrid como parte de la comitiva del ministro del interior alauí, Taib Cherkaoui, que se entrevistó con Alfredo Pérez Rubalcaba. Benslimane, además, está reclamado por la justicia francesa por el secuestro y desaparición, en 1965, de Mehdi Ben Barka, líder socialista que encabezaba entonces la oposición al rey Hassan II.

En su escrito remitido a Justicia, Ruz recuerda al Gobierno que desde que Garzón aceptara investigar el genocidio en 2007 se ha pedido en tres ocasiones al Ejecutivo que cursara una comisión rogatoria a Rabat para avanzar en la investigación y que la reclamación de colaboración no ha tenido respuesta.

En esa comisión rogatoria, la Audiencia Nacional, entre otras cuestiones, pide a la Justicia del país vecino que informe si los 13 funcionarios investigados por genocidio en Marruecos han estado procesados alguna vez por este delito y reclama todos los datos «oficiales» que el Gobierno de Rabat tenga sobre los 542 desaparecidos, su identidad y su lugar de inhumación.

La reiteración de la comisión rogatoria, no es la única gestión de Ruz en este sumario que llevaba varios meses 'durmiente'. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 insta a las asociaciones saharauis querellantes que, dado que el juez no ha podido desplazarse a los campos de refugiados de Tinduf para interrogar a los testigos de la matanza, comuniquen la fórmula para que estas personas puedan comparecer ante la justicia española.

El sumario conocido como el del 'genocidio saharaui' comenzó su andadura el 30 de octubre de 2007, cuando Garzón abrió unas diligencias previas para investigar la represión ejercida en el Sáhara a manos de los militares marroquíes desde que España abandonara la ex colonia en 1975. El ex magistrado, con el apoyo de la Fiscalía, se declaró entonces competente para instruir este caso después de que en septiembre de 2006 varias organizaciones de Derechos Humanos y familiares de presos presentaran una querella por la desaparición de ese más de medio millar de personas.

Aunque los colectivos de solidaridad con el Sáhara se querellaron contra 31 altos cargos, principalmente por acciones de represión en las décadas de los 70 y 80, Garzón abrió las diligencias por genocidio y torturas para investigar sólo a 13 de estos funcionarios, ya que la mayoría de los sospechosos o han muerto o no se tiene noticias de ellos.