El Gobierno renuncia a reformar el sistema de pensiones a golpe de 'decretazo'

El Gobierno dulcifica su discurso sobre los cambios en materia laboral y de pensiones que, eso sí, tiene más que decido sacar adelante en los próximos meses. Tras el encontronazo frontal con los agentes sociales que supuso la reforma unilateral del pasado mes de junio -con la brecha abierta con los sindicatos- que terminó en la huelga del 29-S, el Ejecutivo quiere ahora calmar las aguas. Al menos, ofrecer una imagen distinta y menos rígida, no sólo con patronal y sindicatos sino hacia el conjunto de la sociedad y los grupos parlamentarios.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo ayer que la nueva legislación sobre pensiones no se hará nunca a golpe de 'decretazo'. El hombre fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, insistió en el mensaje de su compañero de gabinete para subrayar la total voluntad de diálogo del Gobierno. «Lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas», sentenció el vicepresidente primero.

Queda así superada la etapa en la que el Ejecutivo advertía una y otra vez de que gobernaría por encima de todo, hubiera o no acuerdos. «No habrá un decreto; una reforma de la magnitud de la que nos ocupa, por la importancia del sistema de pensiones, no puede ser llevada a cabo por decreto», apuntó Gómez en declaraciones a Rne.

La intención del Ejecutivo, que prevé un intenso mes de diciembre en el marco del Pacto de Toledo, es cerrar el año con una propuesta concreta por parte de ese órgano para sentarse después con los agentes sociales a discutir los cambios legales. El calendario sitúa el momento clave a finales del primer trimestre, cuando Gómez prevé remitir a las Cortes «un proyecto de ley y no un decreto-ley», aseguró.

Fuentes gubernamentales reconocieron ese giro, al menos en las formas, aunque destacaron que la reforma es inevitable. Y añadieron que a la voluntad de negociar se añade el deseo de que cada cual (en referencia a los partidos políticos y, en especial, al PP) se 'retrate' frente al texto que aporte el Gobierno. A pesar de la renovada apuesta por el diálogo, no hay que olvidar que el PSOE tiene ya garantizado el apoyo de PNV y Coalición Canaria, lo que le otorga una holgura parlamentaria considerable.

La ministra de Economía, Elena Salgado, también se refirió a este asunto, al señalar a Telecinco que la «necesaria» reforma del sistema de pensiones será «amplia». Detalló Salgado que el Gobierno pretende mejorar la eficiencia, ampliar las bases de cotización y eliminar las jubilaciones anticipadas, entre otras cosas. Pero también añadió un elemento de distensión al asegurar que el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años «tiene que ser la referencia» y, por tanto, no un paradigma irrenunciable.

Cambio necesario

Es una incógnita si ese aparente cambio de actitud convencerá a los sindicatos, que ya han dejado claro que el Gobierno debe renunciar a algunos aspectos esenciales de la reforma laboral (los más lesivos, dicen, con los derechos de los trabajadores) si quiere recuperar el diálogo social. Gómez pidió tiempo para que se puedan apreciar los efectos de la reforma, que dijo que «no creará empleo por sí sola», e insistió en que el Gobierno tiene una «actitud abierta» al cambio.

No se trata de un cambio total -«eso no significa retractase y poner patas arriba la norma», recalcó-, pero sí a un desarrollo de la ley de la mano de los agentes sociales. Por eso destacó el ministro que «la mejor reforma es la que se aplica de forma consensuada». «Hay posibilidades para alcanzar acuerdos razonables en el futuro», apuntó.

Sobre ese efecto retardado de la reforma sobre el mercado laboral, Gómez confesó que en 2011 se crearán apenas 50.000 empleos. Una corriente, afirmó, que tomará fuerza un año después, cuando la economía crezca en el entorno del 2%. «El objetivo es pasar de no crear a crear puestos de trabajo, mientras seguimos con las reformas, con una política que mejore el grado de transformación de empleo temporal en indefinido», defendió.

La agenda oficial incluye más cambios en materia laboral, como la ley de reforma de la negociación colectiva, prevista para marzo y para que la Gómez reclamó flexibilidad en las empresas, con el objetivo de que cada una adapte el marco legal «en salarios, jornada y condiciones generales de trabajo». Premisas que auguran el rechazo sindical.