Gobierno y PP se culpan del conflicto de los funcionarios

La bronca entre funcionarios por el decreto que reordena el sector de las empresas de la Junta volvió a derivar ayer en un cruce de acusaciones entre el Gobierno andaluz y el Partido Popular. Ambos se culpan de la tensión en la administración general de la Junta un día después de que esta intentara alcanzar un acuerdo con CSIF -principal sindicato entre funcionarios- sin conseguirlo. CSIF abandonó la mesa general de la función pública la tarde del jueves, exigió la derogación del decreto y anunció movilizaciones contra el acuerdo alcanzado por UGT y CC OO. La paz está lejos. Para que llegue, el PP reclama también la derogación del decreto, mientras la Junta ha pedido a CSIF un «orden racionalidad» en las protestas. UGT fue más allá y exigió a la Junta que actúe contra los que usan la violencia en los edificios públicos.

El líder del PP-A, Javier Arenas, que recordó que su partido tiene recurrido al Constitucional el decreto, aconsejó ayer al Gobierno andaluz que haga «borrón y cuenta nueva» y negocie con todos los sindicatos «hasta la extenuación». Arenas señaló que el decreto «empezó mal, sigue muy mal y va a peor». En su opinión el decreto «no se ha resuelto» porque no ha habido diálogo. El líder del PP aseguró que si gobierna lo derogará y comenzará de cero a dialogar con todos, en referencia a los sindicatos de funcionarios que no están en la mesa general de la función pública. «Lo que no sirve de nada es aplicar una norma poniendo verde a los empleados públicos», dijo.

Al diálogo apeló también la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, que recordó que la Junta ha cedido a cambiar artículos del decreto en una vía de negociación. «Desde luego al Gobierno andaluz no le duelen prendas cambiar un artículo, dos... cuando lo que se persigue es un mismo objetivo de modernización del sector público y hay propuestas que son rigurosas, concretas y tienen que ver con el decreto», dijo ayer en Jaén en referencia al pacto alcanzado con UGT y CC OO, según recoge Europa Press.

La consejera reclamó a CSIF un «orden de racionalidad» en las protestas tras los incidentes habidos en algunas. También acusó al PP de «oportunismo» y de azuzar una interpretación equivocada del decreto, en referencia a lo que dicen los sindicatos de funcionarios sobre que la norma abre la puerta a la privatización de futuros servicios públicos. «Es un debate del mundo al revés: el PP, que privatiza en todos los lugares donde gobierna, nos acusa a nosotros, que no privatizamos y defendemos el empleo público, de estar privatizando», dijo la consejera.

CSIF, por su parte, insistió ayer en defender su marcha de la negociación en la mesa de la función pública para no «ir de comparsa con UGT y CCOO», según manifestó la responsable en Andalucía del sindicato, Alicia Martos, en declaraciones a Europa Press. Martos acusó a la Junta de «dar la espalda a los empleados públicos y no negociar en el seno de la mesa sectorial».