La jueza estudia imputar a Jiménez y Becerra por el caso de los asesores

Tal y como estaba previsto, la jueza que instruye el conocido como caso de los asesores -que enfrenta a Pilar Sánchez y Pedro Pacheco a raíz de que la primera pusiera una denuncia contra el ex alcalde por la supuesta contratación irregular de dos personas- ha decidido aplazar las nuevas declaraciones para el próximo 10 de diciembre. Las últimas, a petición del ex alcalde, tuvieron lugar el viernes pasado y comparecieron como testigos una ex jefa del Serjil, así como otros dos trabajadores municipales.

Sin embargo, las declaraciones de los dos últimos (Rubén Pérez y Dolores Caravaca) fueron suspendidas para que lo hagan en la fecha señalada, pero como imputados. También entonces les tocará el turno al marido y ex jefe de gabinete de la alcaldesa, Juan Carlos Jiménez, y a la delegada de Medio Ambiente, África Becerra.

Después de los últimos acontecimientos señalados, cobra fuerza la posibilidad de que la jueza los llame directamente a declarar en calidad de imputados y no como testigos, según ha podido saber este medio. Es algo que además les permitiría tener asesoramiento legal en la declaración.

En el caso de Juan Carlos Jiménez, hay que recordar que la acusación ejercida por Pacheco solicitó que la jueza pidiese al Ayuntamiento que remitiese la certificación acreditativa de los ingresos, «con detalles de cantidades y conceptos que haya recibido con carácter anual entre los años 2003 y 2010».

Las otras tres personas (Caravaca, Pérez y Becerra) figuraban como demandantes inscritos en el Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil) y también fueron llamados a declarar por la jueza tras la petición del ex alcalde.

La querella de Pacheco, en respuesta a la denuncia de la regidora ante la Fiscalía Anticorrupción, acusa a la alcaldesa de Jerez de varios delitos como malversación, falsedad, nombramiento ilegal y tráfico de influencias, en el proceso de contratación de más de una treintena de asesores. La defensa legal de la primera edil sostiene que dichos contratos fueron realizados «con plena e indiscutible legalidad».