Londres indemniza con un millón de euros a 16 presos de Guantánamo

El ministro británico de Justicia, Kenneth Clarke, confirmó ayer en el Parlamento la resolución de una serie de pleitos judiciales contra los servicios secretos por su presunta implicación en el traslado de presos a Guantánamo y su complicidad en casos de tortura y malos tratos. El acuerdo, que incluye cuantiosas indemnizaciones, es confidencial y ha sido necesario, según defendió el ministro, para evitar una batalla legal que hubiera obligado a desvelar documentación secreta de los agencias de inteligencia británica y de otros países, en particular, EE UU.

«Hemos ahorrado dinero y tiempo en interés nacional y sin comprometer la seguridad», alegó Clarke. El ministro fijó entre 35 y 50 millones de libras (unos 36 y 60 millones de euros) el coste estimado para defender en los juzgados las demandas de los presos de Guantánamo. Son un total de 16 ciudadanos o residentes británicos, que recibirán una indemnización individual en torno al millón de euros, según adelantaban algunos medios.

El acuerdo extrajudicial no presupone una admisión de culpabilidad por parte del Gobierno de Londres. Los demandantes, a su vez, tampoco se retractan de sus acusaciones sobre la connivencia y, algunos casos participación, de agentes del MI6 en interrogatorios en que fueron torturados antes de ser trasladados a la base militar estadounidense de Guantánamo.

«La alternativa a las indemnizaciones hubiera sido una prolongada y extremadamente costosa litigación en un incierto ambiente legal en el que el Gobierno no podía tener la certeza de defender a las agencias de seguridad e inteligencia sin comprometer la seguridad nacional», explicó Clarke. En las vistas judiciales, que ayer llegaron a su conclusión con la intervención del Gobierno, los magistrados y jueces de apelación venían dictando a favor de la publicación de documentos confidenciales como única vía para esclarecer los hechos.

Entre los indemnizados se encuentran dos residentes británicos, el jordano Jamil el Bnna y el libio Omar Deghayes, reclamados por la Audiencia Nacional por su presunta relación con la rama española de Al-Qaida. El juez Baltasar Garzón solicitó su extradición al Reino Unido tras su liberación de Guantanamo en diciembre de 2007. Garzón retiró la demanda tres meses después y una vez que ambos reclamados alegaran serias secuelas psíquicas y físicas por su cautiverio.

Pesquisas de Scotland Yard

El acuerdo sellado por Clarke libera una traba en la puesta en marcha de una investigación independiente, presidida por un juez, sobre la conducta de los servicios de inteligencia británicos en la llamada guerra contra el terror. La investigación la anunció el primer ministro, David Cameron, el pasado julio pero no podrá arrancar hasta que concluyan las pesquisas de Scotland Yard por denuncias de tortura por parte de agentes británicos.

«La reputación de nuestros servicios de seguridad se ha oscurecido en los últimos años por las alegaciones de su complicidad en el tratamiento de presos detenidos por otros países.