El juez reprende a Alcaraz por criminalizar a Jesús Eguiguren

Las declaraciones del socialista Jesús Eguiguren, en las que reconoció haberse entrevistado con el etarra Josu Ternera durante el último proceso de paz, se enmarcan en su libre ejercicio de la «libertad de expresión». El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz rechazó ayer con este argumento la querella que la asociación Voces contra el Terrorismo, dirigida por Francisco José Alcaraz, presentó contra el presidente del Partido Socialista de Euskadi por colaboración con banda armada y humillación a las víctimas. El magistrado hizo suyo el criterio de la Fiscalía, que pidió desestimar la querella, y reprendió a Alcaraz por criminalizar las palabras de Eguiguren en un programa de televisión.

Un día después de que el fiscal recordara a Alcaraz, ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que Eguiguren defendió la derrota de ETA en la entrevista televisiva, el juez repite sus argumentos y constata que las manifestaciones del dirigente socialista responden a sus «legítimas esperanzas relativas al fin del terrorismo». El magistrado estima que la querella recoge un «relato parcial» de los hechos y asegura que el «tono entre chulesco y pasota» que los querellantes atribuían al dirigente socialista obedece a una «apreciación subjetiva» de los hechos». La resolución judicial cree que en el ánimo del presidente del PSE no se aprecian «actos concretos de humillación, menosprecio o descrédito hacia las víctimas» de ETA. Señala que ni siquiera «de forma tangencial, involuntaria o inconsciente» son indiciarias de delito. Y recuerda que, al igual que adelantó el fiscal, las «posiciones de diálogo» mantenidas en los procesos de paz no pueden ser criminalizadas si suponen la «mejor opción de Gobierno para garantizar la convivencia social».

Por último, vuelve a incidir en que el órgano competente para revisar la querella hubiera sido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, porque Eguiguren es parlamentario autónomo en esa comunidad, y que existen errores técnicos en la demanda que deberían haber sido subsanados.