El juez decidirá si imputa a tres ministros marroquíes
Los querellantes por la muerte del ciudadano español en El Aaiún piden que testifique Trinidad Jiménez
MADRID. Actualizado: GuardarLa querella presentada ayer en la Audiencia Nacional por la muerte del español Baby Hamday Buyema en los disturbios de El Aaiún acusa de un delito de «genocidio» a tres ministros marroquíes y al Gobernador civil de la ciudad saharaui.
La ONG Liga Española Pro Derechos Humanos considera que los acusados son personas relevantes en el Gobierno de Rabat que tuvieron responsabilidad en la «brutal ofensiva» para desmantelar el campamento donde residían unos 20.000 saharauis, ubicado a 12 kilómetros de El Aaiún.
Los querellantes piden al juez una serie de pruebas documentales y que declare como testigo la ministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez, a fin de que aclare los datos que conocía sobre el «asesinato» de Baby Hamday Buyema, español de origen saharaui.
El juez encargado de revisar la querella será Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional. Moreno deberá decidir si admite la denuncia y deberá dar traslado a la Fiscalía para que informe sobre la competencia de su juzgado.
Fuentes fiscales anticiparon el lunes que existen todos los elementos para tramitar la querella en virtud del principio de justicia universal: se trata del fallecimiento de un español en el extranjero y hay víctimas españolas entre los heridos. Causalidades que recoge la jurisdicción nacional pese a la última reforma del Gobierno que limita el impacto de la justicia universal.
«Le pasó por encima»
Los querellantes aseguran que Baby Hamday Buyema, de 35 años, ingeniero de profesión y padre de dos hijos de 4 y 2 años, fue asesinado cuando se dirigía a trabajar en un autobús a su empresa minera, 'Fosfatos de Bucraa'. Fue interceptado por un control por agentes de la Policía Especial del Sáhara Occidental (GUS) y al comprobar que era saharaui lo sacaron a la fuerza y, una vez en la calzada, un furgón policial le atropelló y le pasó varias veces por encima, dejándolo malherido, hasta que, por falta de auxilio médico, falleció. Por la tarde asaltaron su coche y lo incendiaron para no dejar pruebas. La víctima había vivido más de veinte años en el norte de España y tiene familia cercana en Alicante.
El escrito reclama, además, que se detenga de forma inmediata a los cuatro querellados y se acuerde su prisión provisional para tomarles declaración. Asimismo, solicitan al juez que dé protección a los testigos protegidos que acudan a testificar para corroborar los hechos denunciados. Igualmente, solicitan al magistrado que les facilite un domicilio seguro, protección personal, recursos económicos, apoyo sicosocial y una nueva identidad si lo requiriese.
Se da la circunstancia de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Pablo Ruz, se instruye desde 2007 otra causa en la que se investiga a 31 militares marroquíes -algunos de ellos altos mandos- por la desaparición de más de medio millar de saharauis tras la salida de España del Sáhara Occidental en 1975. La acción penal se enmarca en una operación «compleja y organizada» por las fuerzas armadas marroquíes en territorio saharaui.
