Otegi convierte el final del juicio en un alegato a favor de legalizar Batasuna

«Quiero volver a decir con carácter absolutamente nítido, prístino y claro que hemos hecho una apuesta por vías pacíficas y democráticas, que nosotros rechazamos el uso de la violencia para imponer un proyecto político y que abogamos por un proceso de soluciones democráticas concluyente». Fue en su turno de 'última palabra' y en un discurso atropellado, pero Arnaldo Otegi logró lanzar el mensaje político que llevaba dos días intentando 'colar' en el juicio por enaltecimiento del terrorismo que ayer concluyó en la Audiencia Nacional.

El presidente del tribunal, Fernando García Nicolás, permitió al líder de Batasuna salirse por unos segundos de los argumentos jurídicos y Otegi no desaprovechó la oportunidad para hacer un alegato a favor de la legalización de Batasuna.

El acusado aseguró que las «cuestiones de índole política», como fue la presentación de su propuesta de Anoeta de 2004 que le ha valido sentarse en el banquillo, «no se resuelven en los tribunales penales, sino que se resuelven en foros democráticos y políticos».

Otegi, para entonces amonestado por el magistrado, lamentó que «algunos sectores», entre los que citó a la Fiscalía y a las acusaciones populares, estén empeñados en convertir «por arte de birlibirloque» los «actos políticos» como el del velódromo donostiarra en «actos de enaltecimiento del terrorismo».

Y todavía tuvo tiempo para denunciar que «años de confrontación y conflicto» han «edificado una especie de muro que impone una sordina sobre las cosas que decimos». Una sordina, que en su opinión, se sigue imponiendo «en esta circunstancia política concreta», en clara referencia a la última propuesta de paz de la izquierda 'abertzale', tras el alto el fuego de ETA del pasado septiembre. Los otros dos procesados por el mitin de Anoeta -Joseba Permach y Joseba Álvarez- hicieron suyas las palabras del líder de Batasuna.

El alegato final de Otegi fue, con mucho, lo más destacado de la segunda y última jornada del juicio, en la que la Fiscalía reiteró su petición de 18 meses de cárcel para los tres acusados y la defensa su libre absolución. El que debía haber sido el momento culmen del día, el esperado interrogatorio de Jesús Eguiguren, quedó en casi nada. Apenas diez preguntas, apenas diez minutos y casi ninguna respuesta. Eguiguren no tuvo oportunidad de explicar en la Audiencia Nacional sus contactos con Otegi, previos a lanzar la propuesta de paz de Anoeta. Fernando García Nicolás, esta vez sí, cortó de raíz, hasta seis veces, los intentos de la abogada de Otegi, Jone Goirizelaia, de arrancar al líder del PSE una declaración que sirviera de aval a la ilegalizada Batasuna o que tuviera un mínimo contenido político.

«Media España»

El tribunal solo dejó a Eguiguren explicar que él, «como media España», sabía que en el velódromo de Anoeta el 14 de noviembre de 2004 la izquierda 'abertzale' iba a presentar una propuesta política relevante. «No era ningún secreto, porque [los organizadores] informaron a periodistas, a políticos y porque divulgaron la información», señaló.

Eso sí, precisó que lo que desconocía era el contenido exacto de lo que Otegi iba a anunciar en el acto. Y poco más pudo decir Eguiguren: que conocía a Otegi, aunque no era amigo íntimo, ya que coincidió con él en el Parlamento Vasco; y que a veces mantenía encuentros con el líder de Batasuna y otros miembros de la izquierda 'abertzale'. Ni una declaración de contenido político, aunque las preguntas de Goirizelaia prometían jugosas respuestas. «¿Conocía la declaración el Gobierno del Estado?». «Improcedente», cortó el presidente. «¿Comulga con los postulados de la izquierda 'abertzale'?», «no hace al caso». «¿Cuál fue el objetivo de las reuniones que mantuvo con Otegi antes de la declaración de Anoeta?», «innecesario», «pregunta ya prohibida», «esa pregunta no la voy a permitir»... García Nicolás ya había advertido que no iba a tolerar comentarios ajenos al procedimiento en la sala y cumplió su aviso, a pesar de las airadas protestas de la abogada, que insistió en que las respuestas del líder de los socialistas de Euskadi eran importantes para entender el «contexto» en el que se produjo el acto del velódromo.

«Estaban informados»

Goirizelaia, durante su informe final, abundó en la tesis de que el «Partido Socialista y el Gobierno del Estado estaban informados» de los movimientos de la izquierda 'abertzale' en el mitin de Anoeta, que la declaración del velódromo fue fruto de «conversaciones entre partidos para buscar soluciones» y en que «cada parte que estaba trabajando debía hacer actos concretos». La letrada de Otegi defendió que el proceso por el mitin fue fruto de la «presión mediática» y que el acto de 2004 tenía como único objetivo presentar una «propuesta de solución democrática y de paz». El otro abogado de la defensa, Iñigo Iruín, insistió en que en Anoeta «no se hizo un acto para homenajear a ETA», sino que fue un evento «meramente político».

Durante la segunda jornada declararon también los periodistas Gorka Landáburu e Iñaki Iriondo y dos peritos de la Guardia Civil que afirmaron que durante el mitin se mostraron en una pantalla 80 fotos de miembros de ETA, se gritaron vivas a la banda y se repartieron boletines internos de la organización terrorista.