Los socios europeos aclaran el rescate de Irlanda para apaciguar a los mercados

Los socios europeos se esforzaron ayer por sofocar el fuego que asfixia a Irlanda desde que se abrió camino la posibilidad de que el rescate de países de la moneda única en dificultades vaya a producirse con la contribución de fondos privados. En el marco de la cumbre del G-20, aunque al margen de ella, ministros de Finanzas del área de la moneda europea, junto al del Reino Unido, emitieron un comunicado en el que, sin citar a Irlanda ni a ningún otro país, recuerdan que sus discusiones sobre mecanismos de resolución de futuras crisis no están tan avanzadas como para aplicarse a la situación actual.

Aunque el problema persiste, la presión sobre la deuda irlandesa y portuguesa cedió ligeramente. Tras divulgarse la declaración europea, los intereses de los bonos de Estado irlandeses a diez años caían desde los niveles récord alcanzados esta semana -en el entorno del 9%- para quedar en el 7,994%. En Portugal, el interés del bono a diez años bajaba hasta el 6,588%, tras cotizar a más del 7% el miércoles y el jueves. Y en España, la rentabilidad cedió desde el 4,634% hasta el 4,52%, lo que suavizó hasta el rango de 200 puntos la prima de riesgo.

Por inspiración franco-alemana, los dirigentes de la UE acordaron a finales de octubre la creación de un mecanismo permanente de rescate para los países de la Eurozona en apuros, aplicable a partir de 2013. Dentro de ese plan, los países de la UE prevén que los inversores privados contribuyan al coste de rescatar un país, pero la iniciativa no cuenta con el apoyo de Bruselas ni del Banco Central Europeo. El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, tampoco oculta su rechazo. En Seúl, donde asistió como invitado a la cumbre del G-20, dejó muy clara su postura. Francia y Alemania «tienen todo el derecho a proponerlo», aseveró, pero «no será fácil que prospere».

Si agentes económicos tienen problemas para recuperar la financiación aportada, explican los expertos, bancos e inversores privados restringirán todavía más los préstamos a los países en situación más frágil. Y, en todo caso, esos recursos se encarecerán proporcionalmente a la asunción de ese riesgo.

No pide ayuda

Mientras las autoridades precisaban el plazo de aplicación del cambio en las fórmulas de rescate, y los mercados daban por hecho que Irlanda caerá, como fruta madura, en cualquier momento, la nueva víctima de esta ofensiva, ha seguido insistiendo en que no está en sus planes pedir ayuda al resto de los países de la zona euro para salir adelante. Afirmación que se vio reforzada por Bruselas y por el FMI, la organización que coopera en este tipo de operaciones, de acuerdo con el esquema diseñado a raíz de la experiencia griega, el único precedente.

Jean Claude Juncker, el presidente del Eurogrupo, aseguró en la capital belga que el Fondo de Estabilidad Financiera no ha registrado ninguna solicitud. «Si Irlanda pidiera ayuda, la recibiría», añadió. En el mismo sentido se manifestó el director gerente del FMI, Dominique Strauss- Kahn, quien dijo que su organización no ha tenido contactos con Irlanda. De manera que los 750.000 millones de euros con que ha sido dotado el fondo para un periodo de 3 años siguen disponibles.

El ministro de Finanzas de Irlanda, Brian Lenihan, insistió en que «el Estado está completamente financiado hasta el próximo junio, y a la vez dispone de importantes reservas», por lo que el país «no está en absoluto en situación de tener que recurrir a ese fondo». Pero los expertos mantienen el recelo sobre la capacidad de Irlanda de sanear sus finanzas. El coste de las operaciones de rescate de seis de sus bancos ha disparado el déficit público de este año hasta el 32% del PIB, y su objetivo es reducirlo hasta el 3% en 2014. Por eso, el presupuesto del ejercicio 2011 contempla un ahorro de 6.000 millones, lo que supone un considerable esfuerzo para un país de reducido tamaño. El Gobierno tendrá dificultades para sacar adelante las cuentas públicas en el Parlamento, el próximo mes de diciembre, por el rechazo social a los ajustes y por la reducida mayoría de que dispone.