Medio o mal ambiente y derechos constitucionales

El Ayuntamiento de Cádiz ni sabe ni quiere saber nada de medio ambiente. A su incansable labor de destrucción de los dragos de la ciudad (el famoso de Puerta Tierra, los seis o siete que plantó por la zona, que se pudrieron con el riego, que volvieron a reponer y han vuelto a perecer, el del Hotel Atlántico -los grandes dragos no soportan el trasplante-, el de la Plaza de España, el de la Plaza de las Tortugas, que ya comienza a perder color después de que le cortaran las raíces, etc.), se une su empeño en reducir las zonas ajardinadas, como ha sucedido con el Jardín de Canalejas, hoy reducido a parterres y con el más espectacular de sus ejemplares arbóreos -el laurel de indias- brutalmente mutilado y convertido en un tapón. Y vamos a ver qué sucede con las singulares araucarias, bitwilii y heterophylla, de la mencionada Plaza de las Tortugas. También ha talado todos los ombúes del acceso al parking de Santa Bárbara.

Ahí no queda la cosa porque los pájaros, las tórtolas, las palomas, son incansablemente perseguidos en esta ciudad de cemento. Hace unos días que Agadén ha solicitado una investigación por la colocación de trigo supuestamente envenenado, que, según algunos vecinos de las zonas afectadas, está siendo distribuido por dos individuos -que al parecer utilizan una furgoneta de Medio Ambiente- en distintos lugares de la ciudad (incluso en la puerta del Colegio Amor de Dios), a cuyo paso aparecen numerosas aves muertas. A mayor abundamiento han encontrado unas pequeñas pastillas, con el nombre de 'ATHISA medio ambiente', con las que jugaban unos niños. Estos temas son tan graves que, de confirmarse, entrarían de lleno en el Código Penal. Pero la labor incansable de exterminio de las aves culmina con la contratación de la mencionada empresa, de Huelva, que se anuncia como experta en recogida de animales, a los que depara «un destino cada vez más feliz», según su web (o sea, el cielo), que durante los días 6 y 7 de noviembre se ha dedicado al exterminio de 1.500 palomas por distintos puntos de la ciudad (y esto por encargo de doña Paloma Bordons, que no tiene reparos en matar a sus tocayas). Es cierto que hay que controlar la población de estas aves, pero, en lugar de fijarlas en palomares y retirar los huevos, por los jardineros y gratuitamente, como se hacía en Cádiz hace años, y como le propuso Agadén, este Ayuntamiento prefiere matanzas periódicas con dineros públicos. Algunas de las palomas que exterminan están anilladas y son campeonas, de las que sueltan en Canarias y llegan volando hasta Cádiz, toda una proeza. Pero aún hay más.

Con la adjudicación de la jardinería a una empresa privada, hace ya tiempo, nuestras palmeras comenzaron a secarse por docenas, siendo repuestas por otras (3.000, 4.000, 5.000 euros o más, según el tamaño). Las nuevas palmeras proceden del Norte de África, que está viendo desaparecer sus oasis a ritmo creciente. Y con este irresponsable trasiego de palmeras (sirva como ejemplo las que han puesto en el mercado: han secado una y han trasladado el resto a otro lugar) y de restos de sus podas han introducido en Cádiz la plaga del picudo rojo, una auténtica plaga bíblica que procede de Egipto e Israel, que ya está afectando a algunos ejemplares de nuestros jardines y que amenaza con acabar con todas las palmeras de Cádiz (aunque el problema no sea ya solo de Cádiz). Plaga que no hay forma de erradicar porque el costoso tratamiento no sirve para nada, ya que este coleóptero tiene un radio de acción de cinco kilómetros y, tras el tratamiento, puede volver de nuevo al ejemplar tratado.

Y hay más temas de lo que entienden por medio ambiente: la imposición de una multa y el embargo de la cuenta bancaria de quien proteste exhibiendo pancartas. Aquí no hay derechos constitucionales que valgan. A los dos años de exhibir una pancarta -como hicieron otros ciudadanos- en protesta por la sustitución del ficus de Puerta Tierra por el pájaro jaula, embargaron la cuenta de quien esto escribe y se cobraron directamente -sin que recibiera notificación alguna- una multa.

El derecho al medio ambiente y el de la libertad de expresión son derechos constitucionales. Mucho celebrar la Constitución de 1812, pero ¿dónde queda la de 1978?