Otegi dice que informó al PSOE del acto de Anoeta y que Zapatero «lo valoró»

Un rotundo «sí». Esa fue la respuesta de Arnaldo Otegi cuando su abogada, Jone Goirizelaia, le preguntó si el PSOE estaba informado de que la izquierda 'abertzale' iba a hacer un acto en el velódromo donostiarra de Anoeta en 2004, en el que iba a presentar su fórmula para la «solución pacífica al conflicto de Euskal Herria con el Estado español». Es más, el portavoz de la ilegalizada Batasuna afirmó ante el tribunal que le juzga por exaltación de ETA que, incluso, de su intervención en el mitin «estaba pendiente» el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien llegó a «valorar» aquel anuncio.

«No existía un acuerdo previo con nadie, pero existía un contexto de conversaciones en que cada parte se comprometía a determinados pasos», reveló el líder independentista, que intentó hacer un paralelismo entre aquella propuesta de paz y la coyuntura actual, con el nuevo alto el fuego anunciado por ETA en septiembre.

«ETA nada tuvo que ver»

Otegi hablaba de que Anoeta tuvo lugar en «un contexto de relaciones plurales y multilaterales» y «contactos y aproximaciones» con todos los partidos del País Vasco, «incluido el socialista», cuando el presidente del tribunal, Fernando García-Nicolás, cumplió su amenaza de no permitirle, a él ni a ninguno de los otros dos imputados (Joseba Permach y Joseba Álvarez), convertir la sala de vistas en un improvisado mitin. «Lo que yo no admito es que nos repita ahora su discurso, su filosofía política», cortó de raíz el magistrado de la Audiencia Nacional, que a partir de ahí impidió cualquier intento del acusado de lanzar cualquier proclama política.

El procesado solo tuvo una oportunidad más de 'colar' un mensaje de calado. Fue cuando insistió en que la organización terrorista nada tuvo que ver con el acto de Anoeta y comparó esa situación con «la actualidad», en la «que no planteamos que haya que hacer ningún tipo de concesión política a ETA». «El objetivo del acto no era homenajear a ETA» sino «poner negro sobre blanco una propuesta para una solución pacífica al conflicto», apuntó a preguntas de sus abogados, a los únicos que se dignó a responder. Con esas preguntas pactadas, Otegi exhibió sus estrategia de defensa: él se «encerró» durante días para preparar la propuesta de paz y, en modo alguno, estuvo en la organización del mitin, por lo que nada supo de la supuesta inclusión de fotos de etarras, ni escuchó vítores a favor de la banda terrorista, ni vio a encapuchados repartir a la salida del velódromo 'zutabes' (boletines internos de la organización armada).

Permach y Álvarez se ciñeron, como Otegi, a que el «objetivo único y exclusivo» del encuentro de Anoeta fue plantear «una resolución democrática del conflicto». Permach insistió en que la declaración fue fruto de «reuniones privadas» con «agentes políticos, sociales y sindicales», sin citar al PSE, pero sí al ex 'lehendakari' Ibarretxe. «Si no hubiéramos pasado por Anoeta ahora no estaríamos en los compromisos de Gernika», añadió, en referencia al acuerdo firmado por varios colectivos independentistas que dio pie al actual alto el fuego de ETA.

El ex diputado vasco insistió en que su papel en el acto fue «residual» -dio la bienvenida a los 16.000 asistentes- y, como Álvarez, ni vio fotos de etarras ni oyó apoyos a ETA. Álvarez redujo su papel a gestionar el alquiler de las instalaciones.

Los intentos de los tres imputados por desligar el mitin de ETA tuvieron su contrapunto en la declaración del jefe de Información de la Policía en Guipúzcoa y de cinco guardias civiles, algunos de los cuales siguieron en el evento. Los agentes confirmaron que durante el acto vieron un vídeo en el que aparecían fotografías de miembros de ETA fallecidos mientras la muchedumbre alentaba a los pistoleros y que, a la salida, siete desconocidos repartiron los números 105 y 106 del 'Zutabe' y el 81 de 'Zuzen', los boletines de la organización terrorista.

El juicio por enaltecimiento del terrorismo continuará hoycon la declaración de los testigos de la defensa de los tres imputados, entre ellos el líder de los socialistas vascos, Jesús Egiguren. Otegi, Álvarez y Permach se enfrentan a penas de 18 meses de cárcel.