La Justicia podrá actuar contra Batasuna hasta en el último mitin
PP y PSOE negocian este séptimo cambio legal para cerrar las instituciones a cualquier candidatura contaminada por ETA
MADRID. Actualizado: GuardarPopulares y socialistas no quieren dejar un solo resquicio por el que el brazo político de ETA pueda concurrir a las elecciones y colarse en las instituciones. Ambos partidos diseñan ya la fórmula jurídica para que la Policía pueda recabar indicios contra las listas herederas de la ilegalizada Batasuna hasta el mismo último minuto de la campaña electoral. El objetivo es que, con estas pruebas, la Justicia pueda ordenar en las horas o días siguientes bien la exclusión cautelar de los comicios de las listas sospechosas, bien la no proclamación de sus candidatos electos, si la declaración de nulidad no llegase a tiempo de impedir la entrada de papeletas contaminadas por ETA en las urnas.
La fórmula, una vez sea depurada por el PSOE y el PP, se sumará a los seis cambios de la Ley de Partidos ya acordados por las fuerzas mayoritarias y que el Congreso comenzó ayer a tramitar con la única oposición de PNV, IU, ERC y BNG, que consideran inconstitucionales muchas de las medidas. La batería de reformas, que estará en vigor para las próximas municipales, persigue cerrar los agujeros por los que las estructuras políticas de la banda lograron colarse en 2005 en el Parlamento vasco (siete parlamentarios de PCTV) y que aún hoy les otorgan 42 alcaldías y 430 concejales en el País Vasco y Navarra (ANV, 2007). Según desvelaron fuentes de ambos grupos, esta séptima modificación quedará unida, vía enmienda en comisión, a la proposición de ley que ayer pasó el primer examen del pleno, con los 306 votos a favor de PSOE, PP, UPN, UPyD y Coalición Canaria (CC) y la abstención de CiU.
La modificación de última hora trata de evitar que Batasuna, para burlar a la Justicia, oculte su apoyo a una candidatura hasta el final de la campaña electoral, cuando ya no puede ser impugnada. El supuesto ya se dio en 2009, en las elecciones europeas, cuando los líderes del partido ilegalizado no pidieron el voto para Iniciativa Internacionalista hasta que se vieron a salvo de la Fiscalía. La lista concurrió a los comicios, pero no logró representación.
La proposicion de ley que ayer admitió a trámite el pleno ya da un paso en este sentido, porque extiende el plazo en el que Fiscalía puede pedir al Tribunal Supremo la exclusión de las listas sospechosas desde el momento de la presentación de candidaturas -límite actual- a la primera semana de campaña. La ampliación que ahora se negocia busca no dar ni esa oportunidad.
Condena o renuncia
La medida quiere evitar que Batasuna busque entrar en algunos ayuntamientos mediante listas blancas que usen la fórmula de agrupación de electorales. El bloque de reformas en trámite, de hecho, tapaba ya igual camino si quienes lo transitaban eran listas contaminadas de partidos o coaliciones legales. La reforma autoriza al Supremo a dejar en suspenso la proclamación de electos tras los comicios si la Fiscalía o el Gobierno le anuncian que en un plazo de 15 días van a instar la ilegalización de los partidos por los que se presentaron. Las agrupaciones de electores -anulables, pero no ilegalizables- escapaban hasta ahora al dispositivo de seguridad, previsto para la detección de pruebas con la campaña electoral concluida e incluso las elecciones celebradas.
Los otros dos grandes bloques de la reforma los constituyen los cambios que tratan de evitar que un partido legal oculte candidatos de ETA y que sea posible expulsar a un concejal o parlamentario elegido en las listas de un partido que fue ilegalizado tras las elecciones.
La reforma, en claro aviso a EA y a otros posibles aliados de la izquierda 'abertzale', permite anular listas concretas contaminadas de partidos legales. De igual manera, para evitar situaciones como la de los concejales de ANV, si el partido es ilegalizado tras las elecciones, el concejal o parlamentario tendrá 15 días para dejar el cargo o para hacer una declaración «voluntaria, expresa o indubitada» de repudio público a ETA. Si viola su declaración se reabrirá el proceso de expulsión y la misma declaración o renuncia afectará a quien lo sustituya.
El ponente del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, destacó el esfuerzo conjunto, pero advirtió al Gobierno de que, una vez aprobada la ley, tocará «aplicarla» y que su partido «vigilará» para que el PSOE «no rebaje el listón» y no caiga en las «trampas» de Batasuna.
Su homólogo del PSOE, José María Benegas, dijo a la izquierda 'abertzale' que no va estar en las próximas elecciones salvo que rompa con ETA y, sin citarlos, también advirtió a EA y a los «partidos democráticos» que sopesen ayudar a Batasuna de que el Gobierno irá contra cualquier lista «que venga a coadyuvar fines espurios, como ayudar a quienes apoyan a la violencia».