El Gobierno se lava las manos ante el cerco de El Aaiún

El afán del Gobierno por no soliviantar a Marruecos, al que considera socio fundamental, ha colocado a los socialistas en una posición compleja y, según admiten en las filas del PSOE, muy difícil de entender por sus propias bases. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, hizo saltar ayer las alarmas cuando, desde la tribuna del Congreso, defendió que España poco puede hacer para evitar que las autoridades del país vecino bloqueen la entrada de informadores u observadores en El Aaiún. «No podemos negar -dijo- que la admisión en territorio forma parte del núcleo duro de la soberanía del país».

Minutos después, ya fuera del hemiciclo, el ministro matizó que en ningún caso había pretendido hacer un reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Pero para entonces, la noticia ya había saltado el Atlántico y había llegado a los oídos de la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, de gira por Bolivia y Ecuador. La jefa de la diplomacia española trató de lanzar un capote a Jáuregui, que al fin y al cabo había tenido que dar la cara por ella en un asunto incómodo durante la sesión de control al Gobierno, y alegó que existe una prueba irrefutable de que el ministro simplemente había incurrido en un lapsus, que es el de que España no tiene en El Aaiún un consulado.

Eso se debe, según remarcó la ministra desde Quito, a que, «aunque constatamos, como el resto de países, la situación de control de ese territorio por parte de Marruecos no reconocemos internacionalmente que esa situación esté internacionalmente actualizada». Algo similar expuso Jáuregui en su intento de deshacer el entuerto. «En la actualidad es Marruecos quien determina, por su capacidad de administrar el territorio quién entra y quién no entra», dijo.

«La ley marroquí»

No es del todo nueva esta postura por parte del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya durante el conflicto abierto por la expulsión a Canarias de la activista saharaui Aminatu Haidar, se accedió a poner por escrito que «la ley marroquí se aplica en el Sáhara Occidental». Solo así se logró que las autoridades marroquíes permitieran a Haidar la entrada en su propio país.

Entonces, como ahora, el Gobierno adujo que se había limitado a constatar algo que, según su criterio, ya está en las resoluciones de la ONU: que, hasta que el diferendo sobre la ex colonia española no se resuelva, es el reino alauí quien ejerce como potencia administradora. Pero aquí está el nudo gordiano que pone en un brete político al gabinete de Zapatero, especialmente, ante sus simpatizantes, porque aunque 'de facto' Marruecos ejerza como tal, no es potencia administradora 'de iure'.

Es más, la ONU siempre ha considerado el Sáhara como un territorio ocupado (lo que convierte al país magrebí en potencia ocupante).

Tanto los servicios jurídicos de Naciones Unidas como el Tribunal de La Haya dictaminaron en su día que ni Marruecos tiene autoridad sobre la zona ni el Acuerdo de Madrid de 1975 se la transfirió ni tampoco España podía habérsela otorgado de modo unilateral cuando se retiró de la zona.

El PSOE se enfrenta así a un conflicto moral de envergadura porque aunque son muchos quienes admiten que lo que les pide el cuerpo es condenar el asalto, el Gobierno ha impuesto la prudencia a fin de preservar lo que, a su juicio, son intereses nacionales de primer orden que afectan a la seguridad de Estado.

Además de ser un importante socio económico -apuntan en el Ejecutivo- Marruecos resulta imprescindible para el control del terrorismo de corte islámico, para hacer frente a las mafias de la inmigración y para taponar las rutas de la droga. En ese contexto cabe leer intentos de nadar y guardar la ropa como el protagonizado ayer por Jáuregui.

El ministro de la Presidencia defendió ante el pleno que el Gobierno mantiene un contacto permanente con Marruecos y con la representación del pueblo saharaui para que «las cosas vuelvan a la normalidad» y justificó su negativa a emitir una crítica severa contra el país vecino en que los hechos no están aún claros. «No se trata de hacer una carrera por quién es más rápido en condenar o cuál es la indignación más elevada; sabemos que ha ocurrido una tragedia pero no es momento de adentrarnos en causantes y responsabilidades todavía», alegó.