La ordenación definitiva de Las Aletas estará a final de mes

El Consejo Rector de Las Aletas tiene previsto aprobar de forma definitiva el nuevo ordenamiento urbanístico del complejo en una reunión que celebrarán sus miembros el próximo 19 de noviembre. Este documento resulta clave para seguir adelante con la puesta en marcha del tercer parque industrial y tecnológico de Andalucía. Los agentes sociales de la provincia ignoran, por ahora, el contenido del estudio y han pedido en varias ocasiones su consulta. La patronal gaditana, por ejemplo, ha solicitado un encuentro con la presidenta del Consorcio, Juana Lázaro, para comprobar de primera mano los últimos avances.

El proyecto sufrió un duro varapalo en octubre de 2009 al ser tumbado por una sentencia del Tribunal Supremo. Un recurso de la organización ecologista Adena dio al traste con el mayor polígono empresarial previsto en la Bahía.

Los ecologistas vertieron todas sus reclamaciones contra la utilización de una marisma y del dominio público marítimo terrestre para levantar un macrocomplejo industrial. El Supremo les dio la razón y el fallo reprochó tanto al Estado como a la Junta su actuación por vulnerar la ley de Costas y no justificar con detalle el interés social de un proyecto que pretendía entonces ocupar 407 hectáreas de dominio público, de las que 287 se reservaban para uso industrial y 120 quedaban totalmente protegidas. Además, la Junta ponía 120 hectáreas, destinadas a zona comercial y de servicios. En total, 527 hectáreas para generar más de 20.000 puestos de trabajo.

Los gestores de Las Aletas han tardado un año en corregir las deficiencias del expediente y enmendar así el proyecto. De hecho, el Consejo Rector encargó a la auditora Tragsa, empresa pública del Ministerio de Medio Ambiente, un informe urbanístico para adaptar los usos del suelo a las directrices marcadas por el Tribunal Supremo. El borrador del estudio se presentó el pasado 8 de octubre y planteaba un nuevo ordenamiento del parque. La consultora ampliaba la zona de protección ambiental, que pasaba de 120 a 140 hectáreas. Los 200.000 metros cuadrados que Tragsa incorporaba a la reserva ambiental los arrancaba de las 287 que se habían previsto para parque industrial. La propuesta tampoco convenció a las organizaciones ecologistas.

Este periódico ha podido saber que el Consejo Rector sigue con el debate del borrador. El trámite se encuentra ahora en los ajustes técnicos del planteamiento de Tragsa. La intención es presentar en dos semanas un documento oficial que incluya todas las enmiendas presentadas por la Junta y el Estado. Para ello, el Consejo Rector ha incorporado recientemente a su equipo a una de las personas que se encargará de la gestión urbanística del proyecto. Se trata de Carmen Rodríguez Ares, que fue nombrada gerente del proyecto y comienza ahora su trabajo. Esta madrileña afincada en Sevilla ha sido la presidenta ejecutiva de Agesa, la entidad estatal responsable de la gestión de los activos de la Expo 92. Licenciada en Empresariales, interventora del Estado e inspectora de Hacienda, tiene una larga trayectoria en la administración pública estatal, donde ha sido subdirectora general de Hacienda y del INEM -donde, entre otros progresos, implantó la domiciliación del cobro de las prestaciones-, la dirección general de Correos y la Secretaría general del Instituto Nacional de Estadística.