La Audiencia eleva a 304.400 euros la indemnización del 'caso Karlos'

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha elevado a 304.425 euros la indemnización que deberían pagar los acusados de la 'operación Karlos' en caso de ser condenados, por la estafa contra la Seguridad Social en la que obtuvieron presuntamente pensiones de forma fraudulenta.

La nueva decisión judicial supone ya la cuarta cifra que los jueces calculan como responsabilidad civil desde que se destapó el fraude en 2006. Entonces el juez de instrucción fijó en 73.000 euros el dinero que supuestamente se había estafado al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Dos años después, cuando concluyó la investigación del caso y se conocía el alcance de la estafa, el mismo juez incrementó la cantidad hasta los 100.000 euros. Pero a mediados de este mismo año, en junio de 2010, la Audiencia Provincial incrementó la cantidad hasta los 219.955 euros.

Cinco meses después parece que la cifra no es suficiente para satisfacer a los afectados del presunto fraude: la Junta y el Instituto de la Seguridad Social. Con todo, quien pidió que se recalculará esta cantidad no fueron las dos acusaciones particulares, sino el principal acusado en la causa: el ex jefe de la Policía Local de Ubrique y supuesto cerebro de la trama, Carlos Carretero, que reclamó a la Audiencia una fijara la cifra porque, a su juicio, no estaba claro en el sumario del caso. El tribunal, sin embargo, ha elevado los 200.000 euros propuestos por la Fiscalía, al sumarle las indemnizaciones reclamadas por los afectados. El interés de Carretero por conocer la cantidad se basa, sobre todo, en que la Audiencia le ha intervenido sus ingresos económicos, ha decomisado diversos bienes y parte del dinero obtenido con las exclusivas ha ofrecido en el último año en programas del corazón de la cadena Telecinco, para pagar la fianza con la que se garantiza el pago de esta indemnización.

Un pago solidario

Esta garantía de responsabilidad civil debe ser pagada de forma solidaria por todos los procesados en la 'operación Karlos', entre ellos, la famosa María José Campanario (esposa del torero Jesulín de Ubrique), pero hasta ahora, Carlos Carretero ha sido el principal contribuyente, ya que muchos procesados son personas sin ingresos.

Según fuentes judiciales, con las intervenciones y decomisos llevados a cabo por el tribunal se habría cubierto al menos un 50% de la responsabilidad civil. Sin embargo, hay bienes cuyo valor no se ha fijado todavía, como el Porsche Cayenne de Carretero, confiscado por la Audiencia para incluirlo en el depósito. Este bien además, se devalúa conforme pasan los meses, mientras el asunto judicial se alarga en el tiempo.

La 'operación Karlos' acumula ya una demora de cuatro años y medio, y aún no se ha señalado siquiera la fecha del juicio. Al retraso judicial se suma que el caso se ha arrastrado en un lento camino de idas y venidas por los juzgados, debido al bombardeo de recursos que han presentado los abogados defensores.

En el último año, sin ir más lejos, ha permanecido atascado en las estanterías del Tribunal Supremo, que el pasado miércoles 3 de noviembre estudiaba si el asunto debe ser juzgado con un jurado popular o un tribunal profesional de magistrados. La decisión podría conocerse en los próximos días.