«El trabajador no estaba capacitado para firmar el informe»

Desde el PSA no quisieron dejar de hacer hincapié ayer en que el nuevo asunto judicial al que tiene que hacer frente el Gobierno local «es un asunto muy serio» que ya ha hecho que la Fiscalía Anticorrupción ordene que se abran diligencias y que deja entrever que pudo existir una posible coacción a los empleados municipales que tuvieron que firmar los informes. No en vano, diversas fuentes consultadas apuntaron ayer que el trabajador que rubricó la segunda baremación cuando el técnico se negó a hacerlo «era un empleado de categoría C, es decir, un administrativo que no estaba capacitado ni podía firmar un documento de esas características». Eso casaría con lo que denuncia el PSA cuando habla de que pudieron producirse una serie de delitos graves para presionar a este funcionario. En su escrito de denuncia ante la Fiscalía, el PSA ya apuntaba que los hechos expuestos podían ser constitutivos de delitos penados con varios años de cárcel e inhabilitación por falsedad documental, prevaricación al dictar resoluciones arbitrarias o abuso del cargo por parte de la función pública. Por su parte, desde el Gobierno local no se pronunciaron ayer al respecto y apelaron a respetar el proceso judicial.