Aviso para los contrabandistas

«Hay que dejar una cosa clara, el paro a principios de los 90 nos llevó a vivir del tabaco de contrabando. En esa época la cosa estaba muy mal y la de ahora no pinta mejor». Esta frase está extraída de una entrevista que LA VOZ realizó a un antiguo contrabandista de tabaco en abril del año pasado, cuando el resurgir de una actividad, que había pasado al olvido en esta provincia, se había convertido en un hecho. Y en esa frase está el origen de un problema que está estrechamente ligado a la economía sumergida. Un año después, las intervenciones de tabaco que burla los peajes fiscales no cesan, sobre todo en la frontera con Gibraltar. A falta de medidas económicas y sociales que erradiquen de nuevo este tráfico, quedan las policiales y ayer la Guardia Civil puso su objetivo en los quioscos y bares de Barbate. Estos establecimientos son el destino último de unos cigarrillos que probablemente han sido sacados a hurtadillas o tras continuas idas y venidas desde la Roca -está permitida la entrada en territorio nacional de un único cartón por persona y día-.

El Instituto Armado movilizó ayer a medio centenar de agentes para efectuar una inspección al unísono de más de una docena de establecimientos de la localidad barbateña. Saben que la tarea de acabar con el contrabando es titánica, sobre todo en época de crisis, y que actuaciones como la de ayer no persiguen al contrabandista, pero sí al comerciante que al vender tabaco fuera del mercado reglado participa de esta actividad ilícita que origina pérdidas significativas en la caja común del contribuyente.

Y ¿por qué Barbate? Desde la asociación de expendedores de tabaco de la provincia habían advertido a la Guardia Civil que en esta localidad estaba circulando con excesiva impunidad unas cajetillas que al no pasar por ningún control administrativo, también suponen un riesgo añadido para sus consumidores. Lo mismo ocurre con las falsificaciones de marcas, que proceden de los principales países exportadores de este tipo de género, como es el caso de China.

Los agentes requisaron trescientas cajetillas y levantaron diversas actas por infracción a la Ley 12/1995 de Represión del Contrabando. Los dueños de los establecimientos denunciados se enfrentan ahora a una multa económica que va de los 400 a los 3.000 euros, en función de la cantidad hallada en su local. En los casos más graves, la Guardia Civil puede proponer hasta el cierre cautelar. La actuación de ayer se enmarca dentro de una ofensiva iniciada en octubre por el Instituto Armado contra el contrabando en la que ya han realizado más de 40 inspecciones similares.