El técnico que firmó las ayudas en el PTA declara que cumplía órdenes

La denuncia del PSA ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles irregularidades en la ayuda concedida a una empresa para comprar suelo en el Parque Tecnológico Agroalimentario sigue su curso tras la declaración, la semana pasada en los juzgados jerezanos, de dos técnicos municipales. Según ha podido saber este medio, uno de ellos declaró que llegó a firmar sólo el primer informe, mientras que se negó a dar el visto bueno al segundo. Hay que tener en cuenta que en la primera baremación (16 de abril de 2007) a Tecnología Innovación Sanitaria, empresa de «un destacado miembro del PSOE», se le otorgaron 9 puntos, lo que significaba que podía optar a una ayuda del 20%. Pero esta valoración fue desestimada, «según parece deducirse por Pilar Sánchez» -reza el escrito remitido en su día por el PSA a la Fiscalía- para que pudiera llevarse a cabo una nueva. En la segunda, que es la que rehusó firmar el citado técnico, la firma alcanzó 14 puntos, lo que supone un 40% de descuento sobre el precio fijado para la compra de suelo.

El otro técnico que declaró la semana pasada ante la jueza, y que sustituyó al anterior, afirmó por su parte que si dio el visto bueno a la segunda baremación fue porque recibió órdenes de arriba. En este sentido cabe destacar que, según el mismo escrito del PSA, la subvención (de 244.720 euros) fue concedida «en virtud de una resolución de Pilar Sánchez como presidenta del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad».

La empresa de suelo municipal concedió realmente ayudas a dos empresas: Bornay Dessert, en agosto de 2007 por importe de 854.352 euros; y en enero de 2008 a la citada Tecnología Innovación Sanitaria. Gracias a ellas, «las mencionadas entidades obtuvieron una subvención según la cual el precio de compra de los terrenos adquiridos en el PTA se vio reducido en un 40%, sin necesidad de más trámite», señalan la formación andalucista en su escrito.

Tras este escrito del PSA, Anticorrupción observó posibles irregularidades en los hechos y por ello decidió denunciarlos a los juzgados que ahora los investigan. Hay que tener en cuenta que hay apartados del segundo informe en los que se habría concedido a la empresa una baremación incluso superior a la máxima permitida.

Firma médica

Según denunció además el PSA, Tecnología Innovación Sanitaria «no tiene relación demostrada con la actividad agroindustrial». La empresa, dedicada a la comercialización y venta de todo tipo de suministros hospitalario y material clínico, pertenece a un destacado miembro del PSOE.

Ahora que está tan de moda hablar de la judicialización de la vida política, la legislatura jerezana está siendo especialmente prolífica en este aspecto. Un claro ejemplo es la guerra judicial que mantienen el ex alcalde Pedro Pacheco y la actual regidora, que declaró el pasado mes de junio por la supuesta contratación irregular de más de 30 cargos de confianza. También está el frente de Jerecom, la constructora que quebró y a la que supuestamente contrataba obras a dedo la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo.

Otros frentes judiciales

Pero es el de los asesores el que ha generado más polémica, convirtiéndose en un culebrón judicial. La jueza que lleva el caso está a punto de citar a declarar como testigos a cuatro de ellos para que den sus versiones de los hechos.

Se trata concretamente de Juan Carlos Jiménez, marido de la alcaldesa y ex jefe del Gabinete de Alcaldía; y otros tres que figuraban como demandantes inscritos en el Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil): Dolores Caravaca, Rubén Pérez y África Becerra.

La denuncia del PSA por presuntas irregularidades en las ayudas a empresas del Parque Tecnológico Agroindustrial entre 2007 y 2008 se han convertido también en un asunto muy serio, como lo demuestra la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción y los juzgados jerezanos.