Sabemos lo que se cuece

La lucha que estamos llevando a cabo los empleados públicos de la Junta de Andalucía en Cádiz contra el Decreto-Ley 5/2010 de reordenación del sector público, se debe, no sólo al asentamiento laboral de 25.000 contratados externos a la Junta de Andalucía que desempeñan trabajos que podrían realizarse por empleados públicos que accedan en condiciones de igualdad, mérito y capacidad dentro del organigrama de la Junta de Andalucía, sino, lo que es más grave, al traspaso de competencias de las consejerías y delegaciones provinciales a la nuevas agencias públicas, lo que supone equiparar a estos externos con funcionarios y laborales fijos a los que se pretende laboralizar en precario para poder echarlos cuando convenga. No se ahorra un euro con esta privatización, sino que todas aquellas competencias traspasadas y los presupuestos destinados a gestionarlas no se van a poder fiscalizar por parte de los habituales órganos de control. En cuanto a la «violencia impropia de tan bien pagados trabajadores», abuchear no es ejercer la violencia y no sólo nos pagan poco en comparación con el sector privado, sino que nos recortan el sueldo.