Gómez teme que el diálogo social muera si no da frutos cuanto antes

España cuenta con un instrumento muy importante para avanzar en el ámbito económico y laboral, tanto en época de bonanza como en tiempo de declive económico, denominado diálogo social; pero este foro de debate y negociación entre Gobierno, empresarios y sindicatos morirá si no da frutos, con efectos negativos para cada uno de los interlocutores implicados. Así se desprende de las declaraciones del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, quien ayer recordó que si esa vía para el entendimiento no funciona corresponderá «al Gobierno gobernar». A su juicio, el diálogo social tiene que «funcionar, rendir y prestar servicios al conjunto de la sociedad».

El nuevo ministro lanzó un velado llamamiento a patronales y centrales sindicales porque es hora de no perder el tiempo. Urge sentarse y negociar sobre el reglamento de la Ley de Extranjería; las políticas activas (cursos, bonificaciones, becas, etc.) que han de facilitar a los desempleados la salida del paro; las relaciones laborales entre empleadores y empleados entendidas como negociación colectiva; y sobre las pensiones, cuya reforma debe basarse en el consenso político y social.

Las palabras de Gómez tuvieron lugar durante la toma de posesión de la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, hasta ayer consejera de trabajo de Castilla-La Mancha; del subsecretario de Trabajo e Inmigración, José María de Luxán; y del jefe de Gabinete, Antonio González. Gómez y Rodríguez lamentaron en su día capítulos de la polémica reforma laboral, aplicada por decreto el 18 de junio y transformada en ley en septiembre. No obstante, el ministro insistió desde que llegó a Trabajo en que la orientación de los cambios es la adecuada y que todavía queda mucha reforma que desarrollar por la vía de los reglamentos de la norma. La secretaria de Estado insistió en que la regulación de la entrada del sector privado en la intermediación laboral tiene que estar precedida del fortalecimiento de los Servicios Públicos Estatales de Empleo (SPEE) (antiguas oficinas del INEM) «como garantía de equidad». «Nunca pueden ser una alternativa», subrayó en alusión a las empresas privadas de colocación.