LOS NÚMEROS DE LA INSTITUCIÓN MÁS CUESTIONADA

Algún día, al hallar un enterramiento romano encontrarán dentro un mensaje manuscrito del veterano finado en la que se preguntará, en un impecable latín culto: ¿Merece la pena Diputación?, ¿cuántos enchufados hay?, ¿para qué sirve?

Cuestionar esta administración pública, de origen decimonónico, se ha convertido en un tópico en determinados círculos que, como el descrédito de los sindicatos o de los concejales de Urbanismo, se vuelve clamor cada vez que aparece un nuevo dato. Hasta el ministro de Fomento, José Blanco, cayó en la tentación hace seis meses. Hay un chascarrillo de Joaquín Sabina convertido en dogma y una bibliografía que da para una sala temática en cualquier biblioteca.

Nunca se va del todo y, cada vez que resurge la sospecha, la generalización campa y todos los trabajadores o dirigentes van al mismo saco. Nadie -imparcial en tanto no afiliado-, confía en que un posible cambio político sirva para que se produzca un cambio de modos. La sospecha es estructural, no coyuntural.

Hay un caldo de cultivo en la sociedad gaditana alrededor de todo lo que sucede en la Aduana Vieja de la Plaza de España que provoca resquemor ciudadano.

La propia administración sería la primera interesada en hacer autocrítica ante su confesa «mala imagen laboral», buscar los motivos que han degenerado en exageración permanente, en desconfianza crónica.

Aunque aplica los mismos criterios para el ingreso del personal que el resto de administraciones, a pesar de que está sujeta a las mismas leyes, aún padeciendo comparables miserias de clientelismo partidista que cualquier otro estamento público, la Diputación de Cádiz siempre está en el punto de mira. Tiene mayor potencial como herramienta de colocación y sostén económico de siglas (las que sean) y su función social es menos perceptible que las de los ayuntamientos, el Estado y los gobiernos autonómicos.

La combinación es explosiva: parece ser más opaca y se presenta como menos útil. En las hemerotecas hay textos de los primeros años 80 en los que ya se habla de «enchufismo» y, desde entonces, en cada campaña electoral algún partido nacionalista cuestiona su existencia. Cíclico. Cada vez que salta una chispa, se conecta otra vez el sistema entero de la duda.

Esta semana, el tribunal de lo Contencioso-Administrativo número 4 apretó de nuevo el conocido botón. Aceptó parcialmente, en un único punto, un recurso del PP en el que se rechazaba el método por el que 261 empleos temporales o interinos pasarían a ser fijos. La Justicia rechazaba un único punto del apartado séptimo de las bases aunque, pese a ser poca cantidad, dicho pero tenía un gran peso cualitativo. Venía a decir que no se puede convertir en fijos a esos trabajadores mediante la presentación de una simple memoria, que esa fórmula carece de rigor y que es precisa otra que sirva para salvar el precepto constitucional de demostrar «mérito y capacidad». El plan contaba con el respaldo de los sindicatos. Se hace en todas partes, pero será corregido. Habrá examen. Tampoco garantiza nada, más que estética.

A partir de ahí, el eterno fantasma del enchufismo en Diputación se puso en pie. Lleva tantos años en el Palacio que resulta lógico pensar que la leyenda tiene alguna base. Es tan viejo que, lo habite quien lo habite, resulta cándido pensar que lo expulsará. Sólo cabe repasar los números formales, los datos indiscutibles, los preceptos legales. Todos los que se publican han sido obtenidos directamente de fuentes autorizadas de la institución gaditana, están a disposición de cualquier ciudadano en la web www.dipucadiz.es y han sido confirmados y actualizados a través de informadores oficiales.

Personal

¿Cuánta gente trabaja?

El pasado viernes, la Diputación Provincial de Cádiz contaba con 1.632 trabajadores. Ese número incluye a los funcionarios (que han superado una prueba y han obtenido plaza fija), y al personal laboral, bien temporal, bien fijo. En el primero de los casos, tienen un contrato de duración determinada (que, en algunos casos, se encadenan durante mucho tiempo para inestabilidad laboral del afectado). En el segundo, tienen un carácter similar al de un trabajador por cuenta ajena con contrato indefinido y, por tanto, pueden ser despedidos.

La relación de puestos, aprobada en pleno por la Diputación, contempla para este año un personal máximo de 1.668 personas. Es decir, que aún quedan 36 plazas sin cubrir hasta ese tope. El pasado año 2009, según las mismas fuentes oficiales, la cifra media de trabajadores (en cualquier régimen) fue de 1.240. Es decir, hay 392 más que hace un año. Ese incremento supone un 25% de incremento del número total de trabajadores en un solo año y en una situación económica muy adversa.

Presupuestos

¿Cuánto nos cuesta?

La Diputación Provincial no ingresa impuestos, tasas ni tributos de forma directa, como sucede en otras corporaciones provinciales ('ricas') de España, como las del País Vasco. Tiene un área de Recaudación y Gestión Tributaria, pero lo que obtiene es remitido a los ayuntamientos a los que presta ese servicio. Todos sus ingresos corresponden a transferencias estatales o a pequeños porcentajes de impuestos extraordinarios (los relacionados con venta de alcohol o tabaco, entre otros). Su presupuesto este año es de 229,71 millones de euros. Es más bajo que el del año anterior (314,09 millones) pero más alto que el de 2008 (282,51) y 2007 (256,48).

Establecer cuánto le cuesta a cada ciudadano el sostenimiento de la institución (toda, no sólo su plantilla, también sus estamentos, proyectos, servicios...) pertenece a la ficción estadística.

Una combinación orientativa (lejos de ser exacta, puesto que no incluye a las empresas) es la división de ese presupuesto total entre la población ocupada de Cádiz -es decir, la que está en situación de trabajar y tiene un empleo-, los que teóricamente contribuyen con impuestos al mantenimiento de todas las instituciones públicas. Según el Instituto de Estadística de Andalucía (IAE) y la Encuesta de Población Activa (EPA), a mediados de este año, en la provincia esos ocupados eran 258.000. Si se divide lo que cuesta la Diputación entre ese sector de población, resulta que ese presupuesto supondría una aportación de 1.162 euros por cada contribuyente censado en Cádiz este año.

Para saber si es una barbaridad o calderilla, habría que establecer la misma comparación con los presupuestos de cada ayuntamiento, delegación de la Junta o administración de cualquier ámbito. Esa ratio ficticia, eso sí, se ha elevado respecto a 2007 casi se ha duplicado. En aquel año fue de 566, el presupuesto de la Corporación era más bajo (256 millones) y la cifra de gaditanos ocupados mucho más alta (453.900, según la EPA).

Funciones

¿Para qué sirve?

Lejos de los discursos retóricos de los dirigentes políticos en cada etapa, los diputados bajan a las aceras para explicar qué hace la Diputación. En la actualidad, sus responsabilidades principales se dividen en dos grandes bloques: el primero, y fundamental, es dar cobertura institucional a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Lejos de rebuscadas fórmulas legales, la Corporación presta ayuda y asesoramiento a municipios muy pequeños, sin personal, capacidad técnica, infraestructura pública ni económica para ofrecer a sus vecinos servicios a los que tienen tanto derecho como los demás: desde un recinto deportivo a una carretera secundaria remozada, una programación cultural a la que nunca podría aspirar o una promoción de viviendas públicas. En los ayuntamientos mayores, hay mecanismos para poner todos esos ejemplos en pie. En un pueblo de 8.000 habitantes serían una utopía. Su filosofía es, por tanto, de reparto territorial de los recursos.

El segundo gran apartado es el de vertebración de políticas (turismo, cultura, energía...) que responden a intereses generales en la provincia. Este segundo apartado, admiten los propios diputados de varios partidos, puede quedar solapado por otras administraciones y sea de utilidad más cuestionable por anacrónico. Cuando nacieron las diputaciones, no había administraciones regionales, ni las municipales tenían las capacidades actuales.

Actualmente cuenta con diez áreas de servicios: Presidencia, Medio Ambiente y Deportes, Asistencia Municipal y Relaciones Institucionales, Vivienda y Suelo, Igualdad, Función Pública y Recursos Humanos, Hacienda, Recaudación y Patrimonio, Sociedad de la Información, Cultura y Turismo.

Además, su organigrama se completa con once instituciones y entidades: Fundación de Cultura, Patronato de Turismo, Instituto para el Fomento del Deporte, Empresa Provincial de Informática (Epicsa), Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT), Agencia de la Energía de Cádiz, Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, IFECA (ferias y exposiciones), Tugasa (red de hoteles públicos), Fundación Dos Orillas y Fundación Vía Verde de la Sierra.