«El que supuestamente se lo ha llevado calentito está donde tiene que estar»

«El que supuestamente se lo ha llevado calentito está donde debe estar». Puede buscar otra forma para explicar su postura ante el robo de los 7,8 millones de euros de la caja municipal, pero el alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, difícilmente encontrará una manera más clara de expresarla. No hay pleno municipal en el que no se mencione el desfalco y la responsabilidad política, ayer no fue una excepción. En este caso el debate giró en torno a la necesidad de contratar a un viceinterventor para garantizar la fiscalización del área de Economía y Hacienda. Para sorpresa del Partido Andalucista, la propuesta fue rechazada por la oposición. «Me están condenando desde el 1 de abril», el regidor no pudo esconder su desengaño. Tampoco la delegada responsable de Recursos Humanos, Rosario Álvarez, que -a pesar de las risas que despertó en el resto del auditorio-, no dudó en señalar: «Cada día es más evidente el pacto que han realizado tanto los populares como los socialistas para poner una pinza a la gestión de este gobierno».

Tanto los populares como los socialistas se mostraron firmes en sus intervenciones. Para los primeros, la medida no es suficiente y está incompleta porque lo que quieren es que se realice un programa de transformación integral de la Delegación de Economía en la que también se incluya esta figura. Para los segundos, la medida llega demasiado tarde porque ya se ha externalizado el servicio de la caja, porque sólo serviría para apoyo de las funciones del interventor y debido a que para ello hay que invertir, al año, 77.000 euros. «Es bastante fuerte pero así son las cosas. Resulta un comportamiento incomprensible de justificar y comprendo que tengan cargo de conciencia», sentenció De Bernardo al concluir las votaciones.

La salida del PP del Gobierno local ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora son las iniciativas municipales las que se quedan en la mesa y aquellas que inciden en labores de control, las que salen adelante. Curioso que siempre incidan en términos económicos, porque si la sombra del desfalco es larga, el olor del alcantarillado parece permanente. La doble facturación, llevada a cabo por la anterior adjudicataria del servicio, también volvió a estar presente. En esta ocasión se pedía la convocatoria de una comisión de Desarrollo Sostenible en la que se explicara el retraso para la redacción del nuevo contrato (una empresa lleva 20 meses haciéndose cargo de las labores de forma provisional) y el expediente sancionador impuesto a la anterior encargada del mantenimiento de los husillos.

Ya ha pasado año y medio desde que se denunciara la pérdida de los 7,8 millones de euros y el proceso parece haber caído en un punto muerto. Mientras no se resuelvan las dudas y las incógnitas que rodean al suceso, el alcalde tendrá que seguir soportando, como el resto de formaciones le piden responsabilidad política por lo ocurrido. La próxima cita, en el pleno del mes de noviembre.