La Audiencia Nacional paraliza el decreto del Gobierno sobre el carbón

El Gobierno cosechó ayer dos fracasos en su batalla con las eléctricas, a las que pretende obligar por decreto a quemar carbón de extracción nacional en sus centrales térmicas hasta 2014. La sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional admitió las medidas cautelares planteadas por las empresas contra uno de los desarrollos reglamentarios del decreto del Ministerio de Industria, cuya entrada en vigor -prevista el 1 de noviembre- queda paralizada momentáneamente hasta el miércoles 3, cuando el tribunal decidirá si deja o no sin efecto la norma.

Las eléctricas recurrieron a la Audiencia Nacional la obligación que establece ese desarrollo reglamentario de comunicar en un plazo de tres días por carta a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) su compromiso de compra de carbón autóctono. Técnicamente la resolución no afecta al decreto ley, pero deja en suspenso parte de la normativa que lo desarrolla y acarrea, en la práctica, su paralización, recalcaron fuentes del sector eléctrico.

La Audiencia ha convocado al Ejecutivo y a las eléctricas a una vista la semana que viene para escuchar sus alegaciones. De momento, Industria niega que la aceptación de una de las medidas propuestas por las eléctricas suponga una suspensión de su decreto ley. Alega que los jueces solo dan la razón a las empresas en el punto que afecta a sus futuras adquisiciones de carbón, por lo que la norma sigue en vigor para el mineral ya almacenado.

Paralelamente, el Tribunal de Justicia de la UE de Luxemburgo envió al Ejecutivo un escrito en el que solicita un retraso de dos meses para la entrada en vigor del decreto. Argumenta que considera apropiada esa dilación hasta que se resuelva el recurso de Endesa, Iberdrola y Gas Natural contra la decisión de la Comisión Europea de autorizarlo. Un portavoz del Ministerio subrayó que el pronunciamiento del tribunal de Luxemburgo es solo «una solicitud» y «no un mandato», de ahí que su funcionamiento no queda bloqueado. Y fundamentó su negativa en que el decreto tenía el visto bueno de la Comisión, que «lo ha estudiado de arriba abajo».

Las eléctricas creen que el decreto es antieconómico y atenta contra la libertad de mercado, pues les obliga a consumir un mineral más caro. También esgrimen motivos medioambientales: el carbón español ensucia más que el importado.