La Habana regula la iniciativa privada

Los quioscos de prensa eran ayer un hervidero de gente buscando la Gaceta Oficial de la República de Cuba. El interés en la especializada publicación era porque, tras meses de rumores e informes filtrados, veían la luz todos los detalles de las leyes que regularán en lo sucesivo la nueva etapa económica diseñada por el Gobierno de Raúl Castro para aliviar la carga del Estado disminuyendo plantillas y reactivando la iniciativa privada.

La primera conclusión del contenido de las casi 100 páginas elaboradas por el Gobierno es que regula las nuevas relaciones laborales para los trabajadores. No se libra ninguno. Ni los que sigan trabajando para el Estado, que deberán aceptar ciertas condiciones, ni los 500.000 «disponibles», la fórmula acuñada para referirse al gran volumen de empleados que dejarán de trabajar como funcionarios. El régimen ha estimado que la mitad de estos futuros desempleados pasará a darse de alta como «cuentapropista», el término utilizado en la isla para designar a quienes trabajen en la iniciativa privada.

La falta de información específica sobre cómo se llevarían a la práctica los nuevos empleos mantenían a la expectativa a quienes barruntaban el despido y a quienes esperaban una puerta abierta a la autonomía laboral. Querían saber los importes de los impuestos y la letra pequeña.

La Gaceta lo aclara. Por ejemplo, para ser trabajador autónomo es condición indispensable tener un mínimo de 17 años, estar autorizado por la Dirección de Trabajo del municipio para realizar la actividad y cotizar en la Seguridad Social. La contribución al Estado es del 25% sobre una base de entre 350 y 2.000 pesos cubanos (entre 10,82 y 61,87 euros).

Los trabajadores que quieran incorporarse al mercado privado, además, deberán registrarse en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), y pagar impuestos sobre los ingresos personales netos anuales de un 25% a partir de 5.001 pesos (154 euros) y del 50% para más de 50.000 (1.547 euros). La nueva normativa también establece con profusión las cuantiosas multas a las que se enfrentan los cubanos si eluden tributar sobre el IRPF, ventas, servicios públicos o fuerza de trabajo. Algunos observadores anticipan que muchos aspirantes a empresarios preferirán seguir en la ilegalidad por las altas tasas aprobadas.