Un juez anula el método para que trabajadores temporales pasen a ser funcionarios en Diputación

Durante las dos últimas décadas se había convertido en un lugar común, en un prejuicio, un tópico, injusto al generalizar, propio de conversaciones entre funcionarios, militantes y simpatizantes de distintos partidos o comentarios de artículos periodísticos. Pero desde ayer, hay un pronunciamiento judicial que da respaldo formal al chascarrillo y lo convierte en reproche oficial, que cuestiona los métodos por los que decenas de personas, nunca todas, ni la mayoría, consiguen estabilidad laboral en la Diputación de Cádiz. Aunque el caso sea extensible a otras administraciones de distinto signo, el pronunciamiento afecta a la Corporación Provincial, siempre la más señalada por esta sospecha.

El juzgado número 4 de lo contencioso-administrativo ha estimado parcialmente un recurso presentado por el Partido Popular en septiembre de 2009. Esa decisión supone que la Justicia respalda la petición de anular el contenido de la fase de acceso, concretamente su base número siete, denominada plan de consolidación del personal laboral aprobada en julio de 2009.

Traducido a lenguaje coloquial, el sistema que puso en marcha la Diputación Provincial para que trabajadores de distinto carácter temporal, unos 220, pudieran pasar a ser funcionarios no es válido. La decisión judicial, aunque también incluye algún reproche a las formas del PP y sólo acepta parcialmente su queja, deja claro que el proceso de selección de los que pasan de temporales a fijos es inaceptable en esencia, que ni siquiera incluye un examen y que esa falta de prueba choca con el precepto sobre acceso a puestos de trabajo en la administración pública.

Incluso, hace referencia a que la Constitución considera necesario que los ciudadanos concurran «en igualdad» a unas pruebas con previa «publicidad» que deben servir para demostrar «mérito y capacidad» de los aspirantes.

La sentencia declara la «no conformidad a Derecho y la consiguiente anulación del contenido de la base séptima, concretamente en lo relativo a la fase de oposición» en el proceso selectivo de consolidación del personal temporal de la Diputación. La clave de la resolución es que ni siquiera se convocó un examen, ningún tipo de prueba.

A los 220 afectados por el proceso, que aún no son funcionarios en su totalidad, se les pedía una memoria, un escrito técnico, una suerte de informe que resume la experiencia laboral.

Según los denunciantes del PP esa tarea «puede haberla hecho cualquiera que no sea el trabajador, o puede copiarse o encargarse a un familiar o a un catedrático».

La sentencia alude directamente a «la falta de rigor» de sistema y el juez duda de que sea una verdadera oposición que «constate el conocimiento de los candidatos».

El presidente provincial del PP , José Loaiza, recalcó ayer que su formación «no tiene nada contra ningún trabajador» y aseguró que su único propósito es que todos los aspirantes a un empleo público «tengan el mismo derecho y las mismas oportunidades, no que tengan más por tener un carné de un partido político».

La decisión no es firme

Los denunciantes, los diputados provinciales del PP, admitieron que la resolución no es firme, que admite recurso, pero pidieron a González Cabaña que paralice el proceso de consolidación que propicia el paso de temporales a funcionarios «sin buscar ningún subterfugio».

La portavoz del PP en la Diputación, Mercedes Colombo, recordó que este recurso le ha costado a su grupo sufrir un considerable acoso político en los plenos, «casi coacción», y recordó que finalmente la Justicia le ha dado parcialmente la razón.

Tanto portavoces sindicales como Miguel Arteche (CC OO) como del equipo de gobierno de la Diputación, el diputado de Personal, Cristóbal Rivera, reclamaron ayer «tiempo» para poder estudiar la decisión judicial y cuestionaron la versión del PP.

Vía legal paralela

De forma paralela a la publicación de la decisión judicial, los trabajadores de la Diputación han conocido, a través de Comisiones Obreras, la firma de un decreto para la reconversión de todos los contratos temporales por obra o servicio (que cumplen los requisitos legales y del convenio colectivo) a indefinidos.

En esta conversión están incluidos los contratos temporales por obra o servicio de más de tres años de duración (por aplicación del convenio colectivo), así como los que cumplen el requisito del Estatuto de los Trabajadores. De igual forma, también se va a proceder, por distintas necesidades de los servicios, a la modificación de los contratos de sustitución de larga duración (sustitución por habilitación) para vincularlos a obras y servicios, siempre con el consentimiento de los afectados.

Aquellas personas que han sido declaradas indefinidas por orden judicial, también verán modificados sus contratos en cumplimiento de las sentencias..