El fiscal de 'Malaya' echa mano del Supremo

Las cuestiones previas del juicio por el 'caso Malaya' llegan a su recta final. Los abogados de los 95 acusados han consumido nueve sesiones en exponer sus argumentos centrados casi en su totalidad en desacreditar la instrucción del juez Miguel Ángel Torres y en peticiones unánimes al tribunal para que decrete la nulidad del caso por vulneración de derechos fundamentales, especialmente reiterada por los letrados en las escuchas telefónicas, detenciones y registros. A todas estas cuestiones contestó ayer el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, quien en una intervención de apenas dos horas intentó convencer a los magistrados de que el proceso ha estado marcado por la legalidad y de que no existe ningún obstáculo para celebrar el juicio.

Sin embargo, López Caballero fue ayer un poco más lejos en su afán de apuntalar la corrección de la instrucción judicial. Además de recordar que todas las decisiones tomadas por el instructor han sido «validadas casi al 99%» por la Audiencia de Málaga, el fiscal, en un tono casi misterioso que causó cierta expectación entre los periodistas, dijo que existen «elementos definitivos» en este sentido, que «están incorporados a los autos», y que «constituyen un precedente a tener en cuenta». El representante del Ministerio Público se refería así a una sentencia del Tribunal Supremo, que «afecta a una parte de 'Malaya' por la presencia de una persona aforada», dijo en referencia al juez Francisco Javier de Urquía, condenado por aceptar sobornos del presunto cerebro, Juan Antonio Roca.

López Caballero recordó a las defensas que con ocasión de la sentencia por este caso, el Tribunal Supremo ya se pronunció el año pasado sobre las intervenciones telefónicas y los registros efectuados en la empresa Maras Asesores (en la que apareció la contabilidad de Roca). «El Tribunal Supremo dijo que son plenamente ajustados a Derecho», subrayó el fiscal. Y continuó: «Sobre las prórrogas de las escuchas y la falta de motivación de los autos que las autorizaron, el Alto Tribunal ha manifestado que en pocas ocasiones se puede encontrar actuaciones tan meticulosas y tan detalladas como la que se han llevado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (el del juez Miguel Ángel Torres)».

Tras ello, López Caballero reinvidicó la instrucción judicial, que «ha sido vilipendiada tantas veces» por las defensas. Así, afirmó categórico que «el Estado de Derecho ha estado siempre presente en el 'caso Malaya'», que ha tenido una instrucción «correcta», y que la actuación de la Policía Judicial «se ha ceñido estrictamente al estatuto que le corresponde en un Estado de Derecho». El fiscal hizo esta afirmación después de que un abogado defensor insinuara que las pruebas podrían haber sido manipuladas al sostener que se había roto la cadena de custodia de los documentos intervenidos en la contabilidad de Roca.

Custodia garantizada

El fiscal Anticorrupción reiteró que la cadena de custodia de los documentos y los archivos informáticos intervenidos en los registros estuvo «garantizada». «No hay prueba de una posible manipulación, por lo que las insinuaciones en ese sentido son muy graves. La prueba obtenida es totalmente válida y correcta», agregó para explicar también que los documentos fueron custodiados por la Policía Judicial, conservados en dependencias policiales bajo el amparo de la autoridad judicial.

No olvidó el representante de la acusación referirse a una de las intervenciones que más polémica ha levantado, la del abogado Antonio Urdiales, defensor del constructor Rafael Gómez 'Sandokán', que relacionó el acrónimo J.A.G. y presuntos sobornos de Roca con el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González. «Queremos que se despeje cualquier duda de impunidad por razón de la persona», afirmó y pidió al tribunal que no se pronuncie sobre ello, ya que esta no es una cuestión previa como tal. El fiscal recordó que este acrónimo, hallado en unos documentos de Roca, fue investigado en un procedimiento separado, que fue archivado «porque la investigación no llegó a ningún término».