
EE UU ignora la filtración de Wikileaks
La clase política, con Obama a la cabeza, elude reaccionar ante las atrocidades cometidas en Irak difundidas por la web
NUEVA YORK. Actualizado: GuardarLa gravedad de las acusaciones contenidas en los casi 400.000 documentos publicados por la web Wikileaks sobre atrocidades cometidas en Irak han escandalizado al mundo, pero han sido recibidas con un clamoroso silencio por el Gobierno y la clase política de Estados Unidos. Ninguno de los líderes enfrascados estos días en la frenética campaña electoral, con Obama a la cabeza, dedicó ayer una sola frase a valorar la cascada de violaciones de derechos humanos cometidas en el país árabe que, según los informes secretos filtrados en Internet, contaron con el beneplácito del Ejército de EE UU.
Solo algunos altos responsables del Pentágono, entre los que destacan el jefe del Estado Mayor, Mike Mullen, se han dirigido a la opinión pública con el único argumento de que la filtración de información confidencial más grande de la historia ha sido un acto «irresponsable» que pone en peligro la estrategia de salida del país árabe diseñada por la actual Administración.
'The New York Times', uno de los pocos grandes medios que destacaba ayer en su portada las tremendas consecuencias del asunto, se lamenta de la indiferencia institucional con que ha sido recibida esta segunda oleada de filtraciones tras la realizada en julio sobre Afganistán. El periódico subraya que el hecho de que un sector importante de la Policía y el Ejército iraquí haya estado implicado en los procesos sistemáticos de tortura durante la era Bush no excusa al actual presidente de dar la cara. No solo para deslegitimar unas prácticas que se suponen erradicadas, sino porque el plan maestro de Obama de retirada de tropas de Irak se asienta en el traspaso de las funciones a las mismas fuerzas de seguridad locales vinculadas con las incontables violaciones divulgadas por Wikileaks.
Las pilas de material revelado, que cubren el periodo que va desde 2004 a 2009, dan una nefasta instantánea del conflicto, en especial sobre el abuso de los civiles iraquíes por las fuerzas de seguridad nacionales que se tradujo en la muerte de 66.081 personas, bien torturadas o directamente asesinadas. Entre los responsables estadounidenses con más experiencia sobre el terreno aumentan las dudas sobre la posibilidad real de que las tropas desplegadas puedan retirarse a finales del año próximo, como planea la Casa Blanca. Para el ex embajador de EE UU en Bagdad, Ryan Crocker, los papeles ponen de manifiesto que existe un riesgo real de que el país caiga «en el desorden y descontrol» interno. «Es muy importante que se mantenga una presencia norteamericana más allá de esa fecha», declaró.
En Europa, el nuevo Gobierno británico dejó de lado las habituales formas de aliado incondicional de EE UU e hizo un llamamiento a Obama para que reaccione a las filtraciones. «Todo lo que dé a entender que las reglas de base de la guerra, de los conflictos y del combate fueron violadas o que la tortura pudo haber sido tolerada es extremadamente grave y debe ser estudiado», aseguró el viceprimer ministro liberaldemócrata, Nick Clegg.
Mientras tanto, Amnistía Internacional advirtió que, al igual que el resto de gobiernos, EE UU «tiene la obligación bajo el derecho internacional de asegurar que sus fuerzas no usan la tortura y que las personas detenidas por su Ejército no son entregadas a autoridades que puedan hacerlo». Malcolm Smart, director de Amnistía para Oriente Próximo, insistió en que EE UU incumplió esa obligación en Irak a pesar del «gran volumen de pruebas» de que la tortura estaba extendida en el país. La organización Human Rights Watch, por su parte, dirigió su mirada hacia Irak y pidió al Gobierno de Al-Maliki que investigue si sus fuerzas de seguridad recurrieron sistemáticamente a los abusos.
En el interminable recuento de violaciones de derechos humanos cometidas a lo largo del territorio iraquí, el rotativo 'The New York Times' destacaba ayer la controvertida presencia de contratistas privados en Irak. El hecho del que el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, diera prioridad a este tipo de agencias para adelgazar el tamaño del despliegue contribuyó al caos en ese país.