Las defensas del 'caso Malaya' dicen que se pudieron alterar pruebas

Cada día que pasa, las defensas de los acusados del 'caso Malaya' intentan alargar la sombra de la duda en el juicio contra la mayor trama de corrupción municipal enjuiciada en España. El abogado de la ex edil del PA y antigua ex delegada de Turismo de la Junta de Andalucía María José Lanzat soltó ayer la piedra y escondió la mano. El letrado Hipólito Marín puso en solfa una de las principales pruebas: la contabilidad del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, pudo ser alterada al romperse la cadena de custodia durante tres meses.

El letrado pone sobre la mesa una cuestión novedosa al asegurar que la copia del CD-ROM que contiene los acrónimos con los presuntos destinatarios de los cobros ilegales de Roca fue creada el 21 de junio de 2006. Basta con acudir a las hemerotecas para percatarse que el registro de las dependencias marbellís de Maras Asesores, donde la policía se incautó de dicha documentación, se produjo tres meses antes, en el mes de marzo.

El abogado defensor dio un paso más y realizó una demostración en el transcurso de la sesión para dejar constancia de que pudo haber una manipulación del archivo durante ese tiempo. El penalista pidió a un informático que introdujera en el documento sus propias iniciales, H. M.; las del presidente de la Sala, José Godino, J. G.; y las del fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, J. C. L. C. Tan inusual prueba sirvió al abogado para constatar que pese a la alteración efectuada, no se modifica la fecha del documento.

La defensa de la ex delegada de Turismo no fue más allá y guardó cuidado en señalar culpables, tras lo que subrayó la honestidad de las fuerzas de seguridad del Estado. No obstante, sí recordó que existe un sistema de garantías que exige que las pruebas sean entregadas inmediatamente a los juzgados. Sin embargo, en este caso se «rompió la cadena custodia». Sostuvo que por lo menos «hasta el 21 de junio de 2006, los archivos pudieron ser alterados». Salvo esta inesperada aportación en la octava sesión de cuestiones previas, los diez letrados que intervinieron ayer insistieron en pedir la nulidad de las detenciones, los registros y las escuchas telefónicas al haberse vulnerado derechos fundamentales.

Reproches

El letrado de la ex edil María José Lanzat, acusada de cohecho y prevaricación, también aludió a la falta de concreción en los escritos de acusación, y tal y como hicieran el resto de su colegas, puso de manifiesto el incumplimiento de las normas de reparto de los juzgados de Marbella, cuando asumió la investigación el primer juez instructor de la causa, Miguel Ángel Torres.

Especialmente beligerante se mostró el letrado a la hora de hablar de la «espectacularidad» en las detenciones y en los registros del Ayuntamiento marbellí, de donde «no se ha sacado absolutamente nada, salvo las imágenes para el Telediario», argumentó. Un proceder que la defensa de la ex edil ha atribuido al empeño de dar una imagen a la sociedad de contundencia contra la corrupción. Sin embargo, no fueron éstos los reproches más duros del letrado, que acusó al primer instructor de la causa de usar la prisión incondicional para «arrancar confesiones». La defensa de Lanzat explicó que pese a que su patrocinada negó ante el juez Torres haber percibido 24.000 euros de Roca o su entorno, pasó cuatro meses en prisión. «La amenaza de la prisión provisional en 'Malaya' fue indebidamente utilizada para torcer voluntades y forzar las declaraciones que querían oír las personas que dirigían estas investigaciones», sostuvo el penalista.

Ataques similares contra la línea de flotación del caso, la instrucción, se escucharon por parte de la defensa del ex concejal del GIL, José Luis Fernández Garrosa. El letrado relató cómo se produjo la detención de su cliente por parte de los hombres de Harrelson, como denominó a la policía. Relató que primero detuvieron a la mujer del ex edil sin motivo y «al estilo americano» y después a su cliente.

El letrado, que defendió que en el caso contra su patrocinado se producen todas las condiciones para que haya una nulidad total de actos procesales, habló de una instrucción «de tipo fascistoide». De la Quintana explicó que su patrocinado pasó cuatro meses en la cárcel «por la existencia de unas siglas» y que se retractó de su declaración ante el segundo instructor de la causa, el juez Óscar Pérez.

La intervención de la defensa del ex concejal del GIL, José Luis Fernández Garrosa, no tuvo desperdicio. El abogado Primitivo de la Quintana alabó la «templanza» de la Sala por «el marrón al que tiene que hacer frente por una defectuosísima instrucción». Estas palabras, prácticamente las primeras de su alegato, marcaron la línea dura que siguió para referirse al proceder del juez Miguel Ángel Torres. El letrado puso la tirita antes de que naciera la herida y en un intento por blindarse de posibles llamadas de atención por parte de José Godino, preguntó de manera retórica: ¿Porqué no puedo criticar sanamente las decisiones judiciales? No me gustaría que me tocaran la bocina». Un intento baldío. El presidente del Tribunal le llamó al orden cuando el letrado tildó de «tortura» los métodos empleados en las detenciones. «Me obliga a tocar lo que usted no quería que tocara», le interrumpió Godino.