Teófila Martínez: «Cabaña es un tramposo muy torpe»

La alcaldesa Teófila Martínez calificó ayer al secretario del PSOE gaditano, Francisco González Cabaña, de «tramposo y torpe», en relación a las declaraciones realizadas por el político sobre la polémica del hotel Valcárcel y el objetivo que perseguía con su propuesta de construir oficinas en lugar de un hotel en Valcárcel. Martínez ironizó: «González Cabaña es un tramposo muy torpe por meter en su trampa al consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, y la candidata del PSOE a la Alcaldía de Cádiz, Marta Meléndez, y a medio PSOE, que se posicionó en contra de su propuesta y en favor de la construcción del hotel».

«Cuando hay una estrategia política para desenmascarar al adversario, uno se lo comenta a su jefe político», afirmó la regidora del Partido Popular, que insistió en que el secretario provincial de los socialistas gaditanos ha sido «tan torpe de dejar en ridículo a Pizarro» al no hacerle partícipe de su supuesta «trampa».

En cualquier caso, aseguró: «No voy a consentir que González Cabaña pretenda decir con su capacidad de manipular que gracias a esto se ha aclarado cuál es la postura del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz en relación a Valcárcel», y añadió: «No admito lecciones de los socialistas». Para ello, explicó cómo se llevó a cabo el proceso por parte de los socialistas al frente del Gobierno de la Diputación, ya que, en su opinión, los gaditanos «no conocen los detalles».

Según dice, la Diputación sacó a la venta un edificio de un sistema general educativo, un instituto, teniendo que intervenir para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la Consejería de Obras Públicas y el Consejo Consultivo de Andalucía. La alcaldesa señaló, además, que la Diputación lo sacó luego a concurso y que sólo se presentó una propuesta que significaba «la duplicación de la edificabilidad». Es decir, «que vendían 13.000 metros cuadrados de edificabilidad y la oferta para comprarlo era de 16.000 metros cuadrados más», puntualizó. «Esto supone que de 13.000 metros cuadrados venden 29.000. Si eso lo hace un privado sería especulación», criticó, ya que -a su juicio- supondría haber conseguido que el Ayuntamiento duplicara la edificabilidad. Asimismo, enfatizó que la Diputación «no lo sacó con transparencia, ya que en el contrato con la empresa privada figuraba una servidumbre consistente en que sea el privado el que negocie con el Ayuntamiento ese aumento de edificabilidad y la tramitación del PGOU».

En su opinión, esa servidumbre salva a la Diputación, «porque en caso contrario hubiera sido prevaricar», concluyó.