Lo incautado en el 'caso Malaya' se destinará al Ayuntamiento de Marbella

La alcaldesa de Marbella y también diputada por el PP, Ángeles Muñoz, consiguió ayer el respaldo unánime de la Cámara a una proposición no de ley para que los bienes incautados por el caso Malaya y otros procedimientos judiciales relacionados reviertan en la ciudad malagueña a través de su Ayuntamiento. La Cámara instará al Gobierno andaluz en este sentido para que este a su vez transmita al de la Nación que adopte las medidas necesarias para que los bienes incautados por tales procedimientos judiciales relacionados con los órganos locales desde 1991 a 2006 se destinen «a restituir el daño patrimonial ocasionado a dicho consistorio». El grupo socialista, que cuenta con mayoría absoluta, apoyó la iniciativa después de que el PP admitiera una enmienda para que las medidas vengan a compañadas de un plan de inversiones que garantice que el dinero redundará en la creación de empleo en el municipio y en hacer frente a las deudas del Ayuntamiento con Hacienda, la Seguridad Social y la Junta de Andalucía.

Ángeles Muñoz recordó durante la exposición de motivos de la proposición la dura situación financiera que atraviesa el Ayuntamiento como consecuencia de los quince años de corrupción. La diputada y alcaldesa del PP insistió en que su gobierno «paga religiosamente todos los meses» las deudas heredadas de las anteriores gestores, pero que estas pueden llegar a ser inasumibles en 2011 por el consistorio, ya que deberá abonar cada mes millón y medio de euros a Hacienda, Seguridad Social y para pagar el crédito de cien millones que la Junta de Andalucía concedió en 2006 a la gestora. Recordó que el Parlamento ya aprobó una iniciativa para que el dinero del expolio se devuelva a Marbella, pero la alcaldesa advirtió de que, pese a haber ya sentencias firmes, «no hemos visto ni un sólo euro».

La portavoz del PSOE, Marisa Bustinduy, mostró el apoyo de su grupo a la iniciativa, pero reprochó al PP que se apropiara de la gestión de saneamiento del ayuntamiento marbellí que hizo la gestora nombrada por la Junta de Andalucía antes de las elecciones de 2007, así como recordó las más de 400 denuncias del ejecutivo andaluz contra los desmanes urbanísticos de los gestores marbellíes durante los años aludidos. Bustinduy defendió un plan de inversiones para ayudar al pueblo marbellí, y que además garantice que el dinero incautado no sea convertido por el PP en «combustible electoral».