Rodríguez Zapatero endosa a Corbacho el desastre del paro

El anterior presidente del Gobierno, José María Aznar, destituyó a su ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, tras la huelga general del 20 de junio de 2002. De esta manera, el actual alcalde de Burgos pagó las culpas de la reforma laboral impuesta por el Partido Popular (PP). José Luis Rodríguez Zapatero no ha hecho lo mismo después de la protesta del 29 de septiembre, pero sí ha enturbiado la salida de Celestino Corbacho del Gobierno central, al recalcar la necesidad de un «cambio profundo» en Trabajo, palabras que además de cuestionar la actuación del todavía ministro aclaran que al sucesor del ex primer edil de L'Hospitalet de Llobregat le espera una dura tarea.

Corbacho deja la cartera de Trabajo e Inmigración para presentarse a las elecciones catalanas del 28 de noviembre. Antes, de manera imprevista, se ha chocado con críticas aparentemente veladas del propio Zapatero. El presidente ha llegado a decir que «los desempleados no tienen la atención suficiente» y que «se puede hacer mucho más por cada uno de ellos», así como que los Servicios Públicos de Empleo (SPE) -oficinas del antiguo INEM- son mejorables.

El actual ministro tomó posesión de su cargo con 2,1 millones de parados (Encuesta de Población Activa 1er. trimestre 2008) cuando el Gobierno negaba que había crisis. Posteriormente, el deterioro de la economía produjo un profundo y gravísimo desastre en el mercado laboral. Las consecuencias han sido de tal alcance que en el segundo trimestre de 2010 el listón de desempleados sobrepasaba los 4,64 millones, sin que se vislumbre el más mínimo respiro. La experiencia de ejercicios anteriores indica que ese total habrá aumentado el próximo 31 de diciembre. Corbacho sabe que hasta que la economía española no crezca por encima del 1,5% no proliferarán los contratos. Y ese porcentaje todavía se ve lejos. Aunque la evolución estimada para 2011 es positiva, resultará insuficiente para actuar sobre la tasa de paro que permanecerá por encima del 20%.

La reacción de Corbacho a las palabras de Zapatero no se hizo esperar. Respondió con oídos sordos a la repercusión que las declaraciones tuvieron sobre su persona pero defendió con ahínco a los funcionarios de los SPE. A su juicio, es injusto «no reconocer» el gran esfuerzo y la presión que han padecido para atender a tantos parados y recordó al presidente que para aplicar determinadas mejoras es imprescindible incrementar los recursos (humanos y económicos).

Tareas pendientes

Así las cosas, el sustituto de Corbacho se enfrenta al último año y medio de una trágica legislatura laboral; periodo que desde el punto de vista político siempre es el más difícil. El Ejecutivo debe enderezar los errores cometidos, transmitir esperanza y transformar las incertidumbres y confrontaciones en promesas positivas creíbles y en puntos de encuentro. El nuevo ministro lo va a tener difícil.

En primer lugar tendrá que reformar las pensiones sin descuidar la recuperación del diálogo social (foro de debate y negociación con las principales patronales y centrales sindicales). Zapatero no está para imponer vía decreto otros cambios vitales para la sociedad española. Los grupos que constituyen el Pacto de Toledo (acuerdo parlamentario suscrito en 1995 para velar por el sistema público de pensiones) con la excepción del socialista rechazan la congelación de estas prestaciones defendida por el jefe del Ejecutivo en su plan de ajuste. La posibilidad de retomar el diálogo social, es decir, el contacto y las buenas relaciones con sindicatos y empresarios, tendrá que esperar. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presidida por Gerardo Díaz Ferrán, se ve inmersa en un proceso electoral interno que impide retomar los contactos.En la agenda del sucesor de Corbacho figuran igualmente los reglamentos que desarrollarán parte de los problemáticos cambios recogidos en la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, aprobada el 9 de septiembre pero vigente como decreto desde el 18 de junio. Antes de que acabe el año, tiene que estar listo el correspondiente a la intermediación laboral de las empresas privadas de colocación.

En abril el trabajo se acumula. Cuando la Ley cumpla seis meses, el Gobierno deberá presentar un fondo para abaratar el despido a los empresarios, que será utilizado por los empleados para formación o como pensión complementaria. Su financiación se presupone un rompecabezas en el que deben casar los intereses de ambas partes sin el más mínimo coste adicional. En abril el Ejecutivo también tendrá que ultimar un nuevo sistema de formación profesional; y los criterios para que las empresas de trabajo temporal actúen en las administraciones. Uno de los retos principales del nuevo ministro será impulsar la reforma de la negociación colectiva entre empleadores y empleados.