Karzai abre el diálogo para la paz
El líder afgano incluye en la negociación con los talibanes a la red Haqqani, próxima a Al-Qaida y autora de los ataques más violentos
Actualizado: GuardarTras nueve años de guerra en los que cualquier intento de negociación con los talibanes parecía un tema tabú, los primeros contactos entre representantes del Gobierno de Hamid Karzai y de las distintas facciones talibanes ya son oficiales. Durante toda esta década también había un diálogo en la sombra, pero se limitaban a lograr altos el fuego puntuales y si salían a la luz podían costar el puesto a sus protagonistas, como ocurrió en diciembre de 2007 con un alto funcionario de la Unión Europea y otro de la ONU tras un viaje a Helmand.
La comunidad internacional dio su bendición al diálogo en la Conferencia de Kabul de este verano y Karzai ha formado un Consejo para la Paz que será el encargado de velar por la ansiada reconciliación nacional, cada vez más complicada por la emergente aparición de una nueva generación de insurgentes fuera del control de los talibanes tradicionales. Sus 68 miembros, ocho de ellos mujeres, se reunieron ayer en Kabul por primera vez entre los ecos de la fuerte repercusión generada por las noticias sobre los primeros encuentros con los talibanes y con el aviso de Washington de que «no se deben sobrepasar las líneas rojas» marcadas por la actual Constitución afgana.
'The Washington Post' anticipó las primeras conversaciones entre enviados de Karzai y del mulá Omar y 'The Guardian' fue un paso más allá al asegurar que «Estados Unidos y las autoridades afganas han mantenido contactos con la red Haqqani», la facción insurgente próxima a Al-Qaida a la que se responsabiliza de la mayor parte de acciones violentas en suelo afgano y que, según las agencias de inteligencia, estaría planeando ataques terroristas contra ciudades de Alemania, Francia y Reino Unido. Basándose en testimonios árabes y paquistaníes «bien informados», el rotativo británico subrayó que «la 'shura' de Quetta -consejo de quince sabios liderado por el mulá Omar que dirige el movimiento fundamentalista desde la invasión estadounidense en 2001- no es tan fuerte como hace dos años ya que su importancia en el campo de batalla ha decrecido en favor de los Haqqani».
Al-Yasira, por su parte, adelantó que «a finales de este mes un nuevo encuentro tendrá lugar en Maldivas» y aseguró que estas islas del Índico ya fueron escenario de un contacto previo entre representantes del Gobierno afgano y la insurgencia. Tanto el canal qatarí como el rotativo británico incluyen a la red Haqqani y otros grupos que hostigan a las fuerzas de la OTAN en Afganistán en los encuentros.
Vuelta al pasado
«Estas negociaciones podrían devolver a la escena política a los mismos talibanes a los que se echó hace nueve años, pero con la esperanza de que ofrezcan garantías de no volver a resultar una amenaza para Occidente», señala el coordinador de proyectos en el Programa de Oriente Medio y del Mediterráneo del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), Gabriel Reyes, recién llegado de un viaje al país centroasiático para seguir las elecciones parlamentarias. Reyes sospecha que este proceso «puede resultar un éxito para la comunidad internacional y el Gobierno de Karzai, pero no para el pueblo afgano».
Respecto al riesgo de que los talibanes reinstauren un régimen similar al de 2001, el embajador de España en Afganistán, José Turpin, advierte que «no se corre tal peligro si el marco del diálogo se restringe a la actual Constitución afgana, pero la impresión que existe en Kabul es que por desgracia las condiciones para una verdadera negociación no existen aún».
El plan de reconciliación de Karzai, según la versión oficial, tendrá tres fases: negociaciones a nivel local, desarme y «consolidación de la paz». El presidente prevé emplear en los próximos cinco años 565 millones de euros de ayuda extranjera para «reintegrar» a 36.000 insurgentes y alcanzar de esta forma la estabilidad en las 34 provincias de Afganistán, la mayor parte fuera del control de Kabul. Para ello, se ofrecerán amnistías políticas y empleos a los insurgentes que acepten dejar las armas.