La Fiscalía de Algeciras pide a la Policía que investigue el supuesto robo de bebés

Un paso más. La Fiscalía de Algeciras mantiene su intención de ahondar en las denuncias sobre el posible robo de bebés en la década de los sesenta y setenta en el hospital de La Línea y ha solicitado a la Policía Judicial que investigue el caso. El Ministerio Público quiere así que las diligencias previas que abrió en junio estén dotadas de contenido suficiente para poder adoptar una decisión. Si decide denunciar ante los juzgados será porque observe indicios delictivos y posibilidad de que los posibles autores sean procesados. En cambio, si las pesquisas policiales no encuentran pruebas suficientes, el fiscal tendrá consigo argumentos para dictar el archivo de las diligencias. Así lo confirmó el responsable de la Fiscalía en el Campo de Gibraltar, Juan Cisneros.

Por tanto, serán ahora los agentes los que busquen indicios de que sí pudo producirse la sustracción de bebés en una época marcada por la dictadura franquista. Al menos eso es lo que defiende una docena de familias que han elevado su historia y algunos datos documentales al fiscal. Las pesquisas se antojan complicadas, como ya han advertido desde un primer momento en la Fiscalía. Dos son las principales dificultades: el tiempo transcurrido que podría haber alcanzado el límite de la prescripción de los delitos en el caso de que hubieran existido; y la más que probable falta de testimonios y otras pruebas que hayan desaparecido también con el paso de los años.

Sin embargo, algunas de las familias que han denunciado tienen consigo algo más que una corazonada o una sospecha poco fundamentada. Es el caso de las hermanas Díaz Carrasco. Flor y Cristina fueron las primeras que salieron a la palestra para denunciar que un hermano suyo pudo no haber muerto en el hospital de La Línea tras haber nacido. Una foto de su abuela con un bebé muerto en brazos es la única imagen que tienen de él; porque en los archivos del cementerio no consta en la lista de inhumaciones del año 67 ni la familia tiene consigo ningún certificado de defunción.

¿Leyenda urbana?

Estas hermanas, hijas de emigrantes en el País Vasco, no creen que el robo de bebés, que sí ha sido motivo de procesamiento en otras dictaduras como la que vivió Argentina en los 70 y principios de los 80, sea una leyenda urbana como sostienen aquellos que no creen en su denuncia. Para ellas, las víctimas eran familias como la suya, humildes y sin apenas formación, a las que les arrebataron bebés sanos para entregarlos a parejas pudientes y afines al Régimen.

No son las únicas que sostienen que este tráfico de seres humanos existió durante el franquismo. El juez Garzón, en su intento por investigar los crímenes de la dictadura, citó algún caso que está documentado a través de los archivos de instituciones como las antigua casas-cuna. Para el magistrado estas desapariciones de neonatos no son ficción sino unos hechos que debían haber sido perseguidos.

Una lista que aumenta

Después de Flor y Cristina aparecieron más casos que acudieron a los medios para sacar a la luz que ellos también habían podido ser víctimas del robo de unos neonatos a los que daban por muertos. En junio, Cristina trasladó al fiscal un listado de doce posibles casos que fue el germen de la apertura de las diligencias. Una decisión histórica que fue seguida por las fiscalías de Cádiz y Málaga que ya están investigando otros testimonios. Cisneros también confirmó a este medio que a raíz del revuelo mediático, más familias se han dirigido a su oficina, porque creen también haber sido víctimas de un atroz robo. Pero al tratarse de fallecimientos registrados en hospitales fuera de la provincia se quedan fuera de la investigación que está tutelando.

Al otro lado de la provincia, la Fiscalía de Cádiz trabaja sobre cinco casos. Según fuentes del Ministerio Público, aquí siguen en la fase de recabar datos y no se ha practicado ninguna diligencia o interrogatorio. La fiscal jefe, Ángeles Ayuso, ordenó en julio la apertura de diligencias a partir de una denuncia que no había llegado a los medios. Se trata de un vecino de Vejer que descubrió cómo en el ataúd de su hijo, que debía contener sus restos, no había rastro de vestigio humano 19 años después de su muerte. Oficialmente había fallecido en 1974, cuando el servicio de Obstetricia y Ginecología de la antigua Residencia de Zamacola se había trasladado eventualmente mientras se construía el actual hospital Puerta del Mar.