La Seguridad Social demanda a Verdú 905.902 euros

Las acciones de la Tesorería General de la Seguridad Social contra los consejeros del Xerez Deportivo que formaron parte de la directiva de la entidad azulina desde agosto 2004 hasta marzo de 2010 sigue su curso. La reclamación de la deuda por derivación de responsabilidad solidaria ya ha llegado a su penúltimo trámite en el caso concreto de Rafael Verdú. El presidente de honor de la entidad azulina recibió este lunes por parte del organismo público una demanda o declaración de responsabilidad solidaria cuya cantidad roza el millón de euros, más en concreto, 905.902 euros.

El asesor jurídico del mandatario ya está preparando un recurso de alzada para presentar en los diez próximos días y frenar un proceso que irremediablemente acabará en un embargo definitivo de los bienes de Verdú, en este caso, de su vivienda. Llama la atención que la primera persona en sufrir la amplia deuda del Xerez con la Seguridad Social sea una que ostenta un cargo representativo, aunque el hecho de que Verdú fuera consejero antes, durante y después del periodo de reclamación, hace que su expediente se mantenga.

En la misma situación se encuentran Carlos Osma, Manuel González Gamero o Joaquín Morales, este último por partida doble al ser, además de consejero delegado, miembro de la directiva a través de su empresa Luz Costa Inmuebles. Javier Tebas, asesor jurídico del nazareno, aún no ha recibido la notificación del embargo cautelar de sus bienes, ya que la apertura de su expediente se encuentra en periodo de alegación. Todo hace indicar que el proceso siga su curso con el ex dueño del club, a pesar de que figuras de relevancia como Antonio Fernández Monterrubio, ex director general de la entidad, hayan visto archivados su expediente.

En cuanto a Joaquín Bilbao, ex presidente de la entidad, la notificación de la apertura del expediente llegará en los próximos días, aunque ya está preparado las alegaciones necesarias para dar marcha atrás a este proceso. Y es que se sigue manteniendo que, a pesar de que la Seguridad Social, por su condición de acreedor privilegiado, puede reclamar las deudas sin necesidad de pasar por el juzgado, se pueda dar vuelta atrás a esta situación.