Ecologistas acusa a la edil de Urbanismo de «usar el silencio» para legalizar viviendas

Ecologistas en Acción ha escrito un nuevo capítulo en el libro de las viviendas ilegales de El Puerto de Santa María. La organización acusó ayer a la delegada de Urbanismo, Patricia Ybarra de «dejar pasar el tiempo» en el recurso que interpusieron contra el archivo del expediente abierto contra el ex presidente de Fevema, Francisco García Garrido, por lo que el caso «ha sido desestimado al no haberse contestado dentro del plazo que estipula la ley».

Fue en mayo de 2006 cuando Ecologistas en Acción presentó una denuncia contra García Garrido por la construcción de una casa «ilegal» en Los Perales, «en suelo no urbanizable», hecho que, afirman, de sobra «era conocido por el entonces alcalde Hernán Díaz y el concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez», pero nunca le abrieron expediente. Ante esta denuncia, Rodríguez abrió un expediente pero, que «cerró al poco aduciendo que la vivienda llevaba más de cuatro años construida, en base a un informe técnico que aportó García Garrido». Por su parte, el colectivo recurrió este archivo en junio de 2007, hace más de tres años, y aportó una serie de fotografías aéreas de la parcela de García Garrido en las que dijeron que «se podía comprobar que en 2003 todavía no estaba terminada la casa y que las obras prosiguieron ese año, por lo que la infracción y presunto delito no habían prescrito». También solicitaron al Ayuntamiento que remitiera las mencionadas denuncias y expedientes al Ministerio Fiscal al apreciarse la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y un delito de falsificación de certificado.

Ecologistas denuncian que la contestación por parte de la delegada Patricia Ybarra nunca llegó, «a pesar de los numerosos escritos pidiendo una respuesta». El grupo denuncia que ahora sí que han recibido una contestación, pero la de que el delito ha prescrito «precisamente porque ella nunca resolvió el recurso y se niegan a remitirlo a la Fiscalía a pesar de los claros indicios de que se han podido cometer delitos contra la ordenación del territorio y por falsedad documental, que ahora se podría ampliar a un delito de prevaricación por omisión de la propia Ybarra y del Jefe de Servicio de Disciplina Urbanística».