El Gobierno apalabra con el PP la otra renovación del Constitucional

El PP y el PSOE, que por intereses partidistas han bloqueado durante tres años la renovación del Tribunal Constitucional, sobre todo para que fuesen los actuales magistrados quienes dictasen la sentencia del 'Estatut' de Cataluña, han sido capaces tras el polémico fallo, dictado en junio pasado, de acordar los cambios necesarios de ocho magistrados en menos de un mes, a lo largo de septiembre.

Si el martes pasado ambos partidos anunciaron que habían llegado a un pacto en el Senado para cambiar a los cuatro magistrados de la corte que trabajan con su mandato de nueve años agotado desde diciembre de 2007, el Gobierno desveló ayer que ya cuenta con un principio de acuerdo con el PP para designar a los otros cuatro magistrados del tribunal que concluirán su mandato el próximo noviembre y que, en este caso, debe nombrar el Congreso de los Diputados.

La información la proporcionó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, quien apuntó que el esfuerzo que los dos grandes partidos han decidido hacer ahora para nombrar a los miembros de altas instituciones del Estado que tienen bloqueados desde hace meses o años también podría incluir en las próximas semanas el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo e, incluso, el consejo de RTVE. El desbloqueo de las instituciones se produce unos días después de que se sepa que el Gobierno va a salvar en el Parlamento los Presupuestos de 2011 gracias a un pacto con el PNV y que, por tanto, quede descartada la posibilidad del adelanto electoral.

Fernández de la Vega también explicó que el Gobierno está en conversaciones con los grupos de la oposición para pactar una «concreta y limitada» reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que garantice que, en el futuro, los magistrados de esta corte se renueven cada tres años y por tercios -cuatro cada vez- tal y como ordena la Constitución. El cambio es preciso porque si no, en 2019, debido al bloqueo de tres años en la elección del Senado, volvería a coincidir la designación del tercio de magistrados de la Cámara Alta con el del Congreso.

La vicepresidenta primera indicó que la solución probable a este entuerto será reducir el mandato de los cuatro magistrados que va a nombrar el Senado -y de cualquier otro que en el futuro esté en un caso equivalente- a seis años para compensar el retraso en las designaciones causada por los partidos.

Mandato constitucional

La reforma legal que está en fase de negociación también indicará que cuando en el tribunal se produzca una baja sobrevenida -dimisión, cese o fallecimiento-, el magistrado que se designe por las cámaras, el Poder Judicial o el Ejecutivo verá reducido su mandato ordinario de nueve años al tiempo que le restaba a quien sustituye.

Los cambios permitirían cumplir con el mandato constitucional y además deberían disuadir en el futuro a los partidos políticos de buscar nuevos bloqueos de la institución. La reforma, que se quiere aprobar antes de que el Senado designe a sus cuatro magistrados, podría realizarse como una enmienda a la primera ley orgánica que vaya a aprobar el Parlamento. Una de las normas candidatas para servirle de cauce podría ser la reforma de la ley Electoral General, que los grupos registrarán la próxima semana en el Congreso, con la intención de aprobarla por la vía de urgencia.

De la Vega, pese a admitir el preacuerdo, no quiso desvelar los nombres de los magistrados que podría designar a principios de 2011 el Congreso, pero entre los propuestos por el PSOE se especula con que podría estar el prestigioso constitucionalista Eliseo Aja, cuyo nombre estaría pactado con el presidente catalán José Montilla, e, incluso, se baraja la designación del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Dentro de la cuota que corresponde a los populares se da casi por seguro al magistrado Enrique López, cuya exclusión de la lista de aspirantes del Senado, por no cumplir en ese momento los requisitos legales para aspirar al cargo, fue una de las últimas razones del PP para bloquear los nombramientos.