Crédito a prueba

La entrega formal del proyecto de Presupuestos en el Congreso de los Diputados por parte de la vicepresidenta Salgado fue precedida ayer por la noticia de que la agencia de calificación Moody's había rebajado la nota de máxima solvencia que venía acompañando al crédito de España a la inmediatamente inferior de Aa1. El desarrollo de la jornada bursátil demostró que el hecho no suponía una novedad especialmente inquietante. Pero más importantes que la bajada en la nota del crédito español son las razones que han llevado a Moody's a variar su calificación. España se va quedando atrás en la recuperación; sigue arrastrando un déficit considerable, a pesar de que sea menor que el de otros países; y aunque la prima de riesgo de nuestra deuda se haya reducido, continúa atenazando las perspectivas de futuro. El proyecto de Presupuestos Generales sale al paso de todas esos problemas, de los que el Gobierno parece plenamente consciente, y trata de responder también a la inquietud mostrada por el Banco de España en relación a los efectos del retraimiento de la inversión pública. Pero no hasta el punto de garantizar que a lo largo de 2011 irán despejándose los temores. Elena Salgado describió ayer con claridad cuál es el horizonte inmediato al que aspira el Ejecutivo: acceder a una mínima reactivación en la esperanza de que la reforma del mercado laboral contribuya a un incremento de la productividad y, por tanto, del PIB. Es lógico pensar que ello beneficiaría a los trabajadores con trabajo con subidas salariales que contribuirían a un mayor consumo. Pero la previsión de que los índices de paro sigan manteniéndose muy por encima del 19% en lo que resta de 2010 y durante todo el próximo año ensombrece gravemente ese mismo horizonte. Los argumentos de Moody's van más allá, señalando que todavía no se sabe cómo logrará nuestro país reducir el déficit público al 3% antes de que finalice el 2013. Se trata de una advertencia que deben tener en cuenta tanto el Gobierno de Rodríguez Zapatero como la formación que, presidida por Mariano Rajoy, aspira a sustituirlo tras las próximas elecciones generales. A medida que la legislatura avanza no sólo el Ejecutivo socialista se ve obligado a afrontar la realidad; ésta también interpela al primer partido de la oposición para que ofrezca soluciones que den credibilidad al país.