Detenidos tres conocidos empresarios de Los Caños por supuesta colaboración con narcos
La Guardia Civil ahonda en las estructuras de financiación y blanqueo del narcotráfico en una operación con siete arrestos y un imputado
CÁDIZ. Actualizado: GuardarEs una operación policial distinta en un terreno acostumbrado a las redadas antidroga. La Guardia Civil daba por finalizada ayer otra investigación en el término municipal de Barbate, concretamente en Los Caños, que no se ha limitado a identificar y detener a traficantes; sino que ahonda en las vías de financiación y blanqueo de los ingentes beneficios que se obtienen a través del narcotráfico. Siete personas han sido detenidas y una octava imputada, tal y como adelantaba ayer lavozdigital.es. Entre los implicados hay conocidos empresarios de la hostelería cuyos negocios fueron ayer registrados por los agentes del Cuerpo Benemérito. Según fuentes consultadas por este periódico, colaborarían supuestamente con narcos y habrían utilizado sus locales para blanquear un dinero de origen ilícito. La red desmantelada además tendría conexiones internacionales.
La actuación se ha desarrollado durante dos días, aunque la mayoría de las detenciones se efectuaron en la madrugada de ayer en Los Caños. Esta vez, los agentes se han centrado en cómo se financian las operaciones de introducción de droga por el litoral gaditano y ahí habrían descubierto la participación directa de empresarios. Supuestamente serían los que costeaban la infraestructura necesaria para introducir alijos a cambio de una importante comisión. Según pudo saber este periódico, tres establecimientos de hostelería muy conocidos fueron registrados ayer: el bar-chiringuito Saboy, una pizzería muy popular de Los Caños y un bungalow llamado El Cañita -no el restaurante El Caña como se informó en la edicion imprensa de LA VOZ- . Sus tres propietarios están entre los implicados; si bien este periódico no pudo confirmar ayer si hay más empresarios detenidos o imputados.
Al cierre de esta edición, los siete detenidos se encontraban en los calabozos de la Comandancia de Cádiz donde pasaron la noche. En función del estado de las diligencias policiales podrían pasar hoy o mañana a disposición de la jueza del nº 2 de Barbate, que trabaja en la instrucción del caso.
Gracias a investigaciones anteriores se ha sabido qué puede llegar a cobrar un narco por colaborar en una descarga a pie de playa o cuál es el precio que piden los traficantes locales por poner su red a disposición de los dueños de la mercancía; los que utilizan la costa gaditana como puerta de entrada para después organizar la salida de la droga con destino a Europa o a los principales puntos de distribución nacional.
120.000 por una tonelada
El desmantelamiento de la organización que lideraba Follarranas en 2005, en compañía de dos colaboradores muy estrechos (Fornell y Chano), reveló cómo estos traficantes conileños, según las pesquisas de la Guardia Civil, lograron introducir una treintena de alijos por La Janda en poco más de un año y cobraban 120.000 euros por cada tonelada de hachís que llegaba sin problemas a este lado del Estrecho.
Esa investigación fue de las primeras que trató de llegar a las grandes fortunas de unos delincuentes que no dudaban en construirse grandes mansiones.
Antes, las operaciones policiales se ceñían a los eslabones últimos de una larga cadena: porteadores de fardos, pilotos de neumáticas y traficantes medianos que hacían el trabajo sucio (introducir la droga en territorio español) para organizaciones con ramificaciones fuera de Cádiz. Sin embargo, la Guardia Civil indaga ahora en el patrimonio de los narcos. Como denunciaban antaño los colectivos antidroga, con sus patrimonios a buen recaudo, las penas de cárcel demostraron tener un efecto poco disuasorio para un tipo de delincuente que regresaba al negocio.
La creación de equipos específicos sobre blanqueo en el Instituto Armado ha sido el punto de inflexión para que las investigaciones actuales hayan girado hacia esta dirección. Entre febrero de 2008 y principios de 2010, la Comandancia de Cádiz había decomisado ya 12,6 millones de euros en bienes que formaban parte de patrimonios escandalosos.