Carbón hasta 2014

El resultado de la huelga general no sorprendió ayer a nadie. Su dispar seguimiento se situó notablemente por debajo de la convocatoria de 2002, pero reflejó tanto la abierta contrariedad social por la que miles de trabajadores secundaron libremente la llamada a la huelga como el arraigo del sindicalismo en determinados sectores de actividad. Las centrales convocantes dieron muestras de responsabilidad al respetar el cumplimiento de los servicios mínimos, establecidos en muchos casos contra su voluntad por las distintas administraciones autonómicas. Aunque al mismo tiempo no pudieron controlar la actuación de piquetes que desbordaron en demasiadas ocasiones su función legal informativa, y cuya conducta llegaron a justificar como consecuencia de la tensión generada por la patronal y por los servicios mínimos. Cándido Méndez y Fernández Toxo proclamaron ya para el mediodía el éxito de su iniciativa, mientras la vida ciudadana recuperaba la normalidad perturbada durante la mañana. Pero ni el desarrollo de la huelga ni la afluencia a las manifestaciones convocadas para la tarde pudieron añadir razones a las discrepancias previamente expresadas por UGT y Comisiones respecto a la política económica y social adoptada por el Gobierno. A pesar de que el Ejecutivo socialista tratara ayer de limitarse a actuar como árbitro y notario entre el derecho de huelga y el derecho al trabajo y a la movilidad, y a pesar de que el presidente aprovechó la sesión de control parlamentario para reiterar su disposición al diálogo con las centrales sindicales, el problema no se limita a una desavenencia pasajera entre la izquierda gobernante y la izquierda sindical que pudiera poner en riesgo la continuidad del ciclo socialista, tal como los secretarios generales de CC OO y UGT tienden a presentar. El objetivo ineludible es reactivar nuestra economía en términos de competitividad y en el menor plazo posible para garantizar la creación de empleo y el máximo de bienestar; mientras que los sindicatos demandan una rectificación gubernamental en un sentido diametralmente opuesto, como si fuese posible regresar al pasado inmediato. Aunque CC OO y UGT no tendrán más remedio que compartir, siquiera parcialmente, los cambios que deberán darse en la negociación colectiva y en la revisión del sistema de pensiones.

La Comisión Europea ha aprobado el plan español de ayuda al sector de la minería del carbón, con la condición de que no se sigan suministrando subvenciones a partir del 31 de diciembre de 2014. La aprobación ha sufrido retraso por las objeciones, finamente salvadas, de algunos comisarios, que consideran que esta medida va en contra de la política comunitaria de reducción de las emisiones de CO2. Nuestras minas de carbón no son rentables y no resisten la competencia de otros países que explotan el mineral a cielo abierto. España ha mantenido la subvención al carbón con el argumento de que se trata de una medida transitoria para garantizar la seguridad del suministro eléctrico en un país mal interconectado y con una elevada cuota de energías renovables. Pero el pretexto, que nos permite seguir quemando carbón cuatro años en una decena de centrales térmicas, tiene una eficacia con fecha de caducidad. Cuatro años dan tiempo suficiente para proceder a un cierre ordenado de las explotaciones, que incluya la reindustrialización de las zonas y la reconversión profesional de los mineros. Este debería ser el principal empeño a partir de ahora.