El tribunal frena en seco los ataques reiterados al instructor del 'caso Malaya'

El guión escrito por las defensas de los imputados en la sesión de apertura de 'Malaya' volvió a reproducirse punto por punto durante la jornada de ayer. La decena de abogados que intervinieron en esta segunda vista se adhirieron a las peticiones de nulidad de las escuchas telefónicas. Los registros o los autos de detención solicitadas. Los abogados alegaron la vulneración de derechos de sus patrocinados y atacaron al juez instructor de la causa Miguel Ángel Torres, pese a la contundente advertencia con la que arrancó la vista. El presidente de la sala, José Godino, realizó un alegato en apoyo del trabajo de Torres, que dirigió la investigación desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y subrayó que las afirmaciones realizadas en la primera jornada eluden «las más elementales normas de cortesía y respeto».

El presidente de la sala se refería a los alegatos pronunciados en la víspera por algunos de los imputados, que participaron en su propia defensa y que rozaron la descalificación personal hacia Torres. Pese a la invitación de Godino para que los letrados se centran en «cuestiones estrictamente jurídicas», las defensas supieron bordear los límites impuestos por el Tribunal.

Especialmente beligerante se mostró la defensa de Óscar Benavente y de su hermano José Luis. El abogado José Antonio Choclán aseguró en su intervención que Torres, ahora juez de lo Penal en Granada, ha quebrantado los principios legales inequívocos al saltarse las normas de reparto de procedimientos. El letrado, antiguo magistrado de la Audiencia Nacional, no se resistió al señalar que el instructor se comportó como un juez central y no de instrucción. Al hilo de esta argumentación afirmó que Torres «se autoatribuye el asunto porque desconfía de la ecuanimidad del resto de sus compañeros de los juzgados de Marbella y desconfío incluso de todos sus compañeros de España».

Al igual que Choclán -que representa también al ex concejal del GIL, Rafael Calleja- el resto de las defensas pusieron en solfa como se produjeron las detenciones y el tiempo en el que sus patrocinados permanecieron en los calabozos antes de prestar declaración. Choclán aludió que en el caso de uno de sus clientes, conducido a los calabozos de la Comisaría Provincial este tiempo ascendió al 104 horas y no las 72 que marca la ley. «Creo que el juez conocía esta limitación constitucional. No cabe prolongar una detención fuera de los supuestos de terrorismo», refirió el togado que atribuyó la acción al «interés acusatorio» del juez en la causa. En la línea de las descalificaciones oídas contra la instrucción durante la primera jornada, el letrado habló de un «modelo inquisitivo» al tiempo que acusó a Torres de no comportarse «de modo imparcial» y apostar sistemáticamente por detenciones masivas.

Otro de los asuntos que las defensas volvieron a sacar a la palestra fue la petición de nulidad de las escuchas telefónicas. En este sentido, el letrado de Jaime Hachuel, imputado que según las acusaciones se encargaba de las medidas de seguridad de Roca, criticó que se intervinieran las conversaciones de su cliente, al considerar que fue «meramente accesorio» para investigar al principal cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.