Justa iniciativa

En cualquier latitud democrática obtener la mayoría absoluta de los escaños de un Parlamento tras estar doce años en el poder, sería, además de muy infrecuente, un motivo de satisfacción y aún de orgullo para un partido. Pero en la Venezuela del socialismo bolivariano las cosas son una vez más diferentes. Y la razón es simple: una ley electoral muy discutida, aunque no única en el mundo, permite que el oficialismo obtenga cerca de cien escaños con el 48% de los votos y la oposición, con su 52%, se quede en torno a 60. Pero no impide comprobar que más de la mitad por ciento de los votantes han dado un rotundo 'no' al presidente. Se puede creer razonablemente que, de ser elecciones presidenciales, el teniente coronel Chávez las habría perdido. Y se puede suponer porque una de las características de los regímenes autoritarios y caudillistas es que convierten toda votación en un referéndum oficioso. Así pues, más allá de que tampoco pudo el Partido Socialista Unido de Venezuela alcanzar las mayorías cualificadas (dos tercios o tres quintos) que le habrían permitido profundizar su modelo político-social y hacerlo un poco más irreversible y manejable, la gran lección de la jornada fue la constatación de que más de la mitad del electorado dijo 'no' al presidente. El mensaje inequívoco no será necesariamente escuchado por el poder, poco conciliador, apenas inclinado a la transacción y cuya capacidad para la autocrítica parece menos que modesta. Y, sin embargo, se ha producido un cambio cualitativo que el régimen haría mal en ignorar. Por puro patriotismo, el presidente y su equipo deberían sopesar lo que se avecina. Chávez puede perder las presidenciales de 2012, objetivo declarado de la oposición unida ahora en la Mesa de Unidad Democrática, y su sucesor, en un sistema fuertemente presidencial, tendría que gobernar con un Parlamento chavista. Es éste un panorama intranquilizador que, con altura de miras y en aras de atenuar la fuerte polarización pública y política que vive el país, el presidente, tan tocado ahora, debería corregir con una gestión más conciliadora, aperturista y desinteresada.

El Congreso de los Diputados estudia la posibilidad de que los padres de niños afectados por enfermedades graves y duraderas puedan acogerse a permisos retribuidos para poder atender a sus hijos. La iniciativa de CiU abre una puerta a la esperanza de esos menores, para que puedan contar con el apoyo permanente de su padre o de su madre como parte esencial de la terapia emocional que precisan, de modo que tal circunstancia no se convierta en una carga económica y en un revés profesional que comporte dificultades insalvables para el resto de la familia y para ellos mismos. Nuestro Estado del bienestar no lo puede todo, especialmente cuando las necesidades tienden a multiplicarse con los más desfavorecidos. Pero el ideal de la justicia social no sería más pleno si soslayara la situación identificable por la que atraviesan las niñas y los niños muy enfermos a la búsqueda de un sistema absolutamente igualitario de asistencia. Además, en una sociedad avanzada como la española no es fácil imaginar una injusticia mayor que la amenaza grave sobre la salud y la propia vida de un menor. Solo haría falta dar con la fórmula legal idónea para brindar una prestación que contaría con el reconocimiento de toda la sociedad y con la que deberían corresponsabilizarse empresas e instituciones.