
El Gobierno ultima una prestación especial para padres con hijos gravemente enfermos
El secretario de Estado, Octavio Granado, considera que la ayuda debería correr a cargo de la Seguridad Social
MADRID. Actualizado: GuardarEn un momento de dura recesión como el actual, un colectivo pequeño de personas ve como se le abre una luz de esperanza para paliar su situación económica ante una gran desgracia familiar. Son los padres y madres de niños gravemente enfermos y con patologías duraderas que no pueden atender debidamente a sus hijos por necesidades laborales. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, explicó que se trata de unas 2.000 personas y que la medida se puede abordar en estos momentos porque su coste no superará los seis millones de euros.
La ayuda consistirá en una reducción del horario laboral -cuando los dos progenitores trabajen- con cargo a la Seguridad Social siempre que al final se acuerde que sea una prestación contributiva, es decir, a percibir por los ciudadanos vinculados al mercado laboral. Si los políticos y expertos se inclinan porque los beneficios tengan carácter no contributivo, o sea naturaleza universal para atender problemas estructurales serán los Presupuestos del Estado los que corran con su financiación.
Precisamente hace unos días, la futura prestación recibió un importante impulso parlamentario. La comisión de Sanidad y Consumo en el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley de CiU. El texto emplazaba al Gobierno a «realizar las modificaciones legales pertinentes al objeto de contemplar que, en aquellos casos que ambos (progenitores) trabajen, uno de los padres pueda acogerse a un permiso retribuido para el cuidado durante la hospitalización y tratamiento de un hijo diagnosticado con cáncer o con cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario». «Los médicos valoran mucho la presencia del padre o de la madre junto al niño», argumentó Granado.
Para CiU, es una iniciativa que pretende «hacer justicia» y «facilitar la vida a la madre o al padre que quiere cuidar a su hijo». «Creemos que es un derecho de los niños con este tipo de diagnóstico poder estar con sus progenitores, al menos con uno de ellos», afirmó la portavoz nacionalista, Conxita Tarruella. Además, la medida pondría fin a las «artimañas» que plantean muchos padres y a «la complicidad de numerosos médicos de familia» que certifican una depresión para que los interesados puedan permanecer al lado del menor.
Granado explicó que la Seguridad Social encargó hace tiempo un estudio sobre la conveniencia de la nueva ayuda al Fondo para la Investigación de la Protección Social (FIPROSS). «Queríamos un informe sobre todas las enfermedades que cumplieran unos requisitos y sobre el caos económico en el que pueden caer determinadas familias. No se trata de extender la ayuda a todas las patologías. Por ejemplo, para el cuidado de los ancianos ya está la Ley de Dependencia. En definitiva no pretendemos atender problemas de enfermedades estructurales», aclaró el secretario de Estado.
«Yo creo que la iniciativa se convertirá en una prestación contributiva», señaló Granado, encajada dentro de los cuidados de familiares y destinada a aquellos padres con dificultades económicas, de residencia, etc., «porque muchas veces es necesario el desplazamiento a la localidad en a que se encuentra el hospital adecuado». «La prestación se traducirá en reducción de media jornada o jornada completa y su coste resultará moderado. Rondará los cuatro, cinco ó seis millones de euros». «¡En fin! No se pueden solucionar los problemas importantes que afectan a millones de personas, pero sí los graves problemas que afectan a unos pocos», dijo.
A su juicio, las dificultades para sacar adelante el proyecto radican no en dar una base legal a la prestación sino en establecer la determinación reglamentaria en la que sería imprescindible la colaboración de los médicos. «Como sobre a qué enfermedades se aplicaría», añadió a la vez que recalcó que hay que buscar un mecanismo para que la empresa no se vea dañada. «Tiene la obligación de conceder la excedencia al trabajador, pero nada más. La reducción de jornada tendrá que ser además flexible», concluyó.