Roca pide que se suspenda el 'macrojuicio'

La pesada máquina judicial del 'caso Malaya' inició su andadura ayer en la Ciudad de la Justicia de Málaga con 95 personas sentadas en el banquillo de los acusados. Durante la primera sesión del mayor juicio oral celebrado en España, los abogados defensores presentaron las cuestiones previas. Tal y como se preveía, los defensores que intervinieron en nombre de Juan Antonio Roca y de los abogados madrileños acusados de actuar como sus testaferros coincidieron en pedir la nulidad de un proceso en el que, según explicaron, se han vulnerado derechos de sus clientes. La abogada de Juan Antonio Roca, llegó incluso a pedir la suspensión de la vista, lo que el presidente del tribunal, José Godino, denegó de forma tajante.

Con aproximadamente treinta y cinco minutos de retraso sobre el horario previsto, el magistrado José Godino anunciaba el inicio de la vista. La primera en intervenir fue la Rocío Amigo, defensora de Roca. Consciente de las miradas escrutadoras, la abogada -que ha dispuesto de poco más de un mes para preparar la defensa por la renuncia de su anterior letrado- trató de ser clara, contundente y de no meterse en honduras. Amigo comenzó por pedir al tribunal la suspensión de la vista alegando el argumento jurídico de 'cosa juzgada'. Así, se refirió a que algunas de las acusaciones en relación a convenios urbanísticos y licencias que se realizan contra su cliente en 'Malaya' ya han sido enjuiciadas o están siendo objeto de investigación tanto en juzgados de Marbella como de Málaga.

El presidente del tribunal denegó la suspensión y dejó claro que el juicio iba a continuar, ante la atenta mirada de Roca que, esposado y escoltado por cuatro policías no paraba de hacer anotaciones en un cuaderno. La abogada entonces solicitó la nulidad del proceso, al considerar que se habían vulnerado derechos fundamentales durante la instrucción, y pidió al tribunal que se pronunciase sobre ello antes de continuar el juicio para evitar, entre otras cosas, la pena de banquillo a las personas procesadas. Para Rocío Amigo todas las pruebas obtenidas a partir de las intervenciones telefónicas sobre las que se construyó la investigación «están contaminadas».

La letrada recordó el inicio del 'caso Malaya'. Para ello se refirió a la que calificó de «manida declaración» de Jorge González, el funcionario que en una declaración ante el juez Miguel Ángel Torres por unas diligencias abiertas por presunto delito urbanístico, se refirió al poder que ejercía en el urbanismo de Marbella ex asesor municipal. «Me he leído esa declaración que provocó la apertura de diligencias previas unas quinientas veces y de ella no se desprenden la batería de delitos de malversación, cohecho, blanqueo, entre otros, que se le imputan al señor Roca». Se quejó la letrada de que sobre esa base, sin más, se montaran las escuchas telefónicas: «Ni los oficios policiales ni los autos judiciales que autorizaron las escuchas estaban motivados; fue una investigación meramente prospectiva» y acusó de «conducta servil» al instructor Miguel Ángel Torres, por seguir los pasos que marcaba la policía sin plantearse nada más: «Los tomaba como un auto de fe, sin comprobar si lo que decía era cierto o no», criticó. Su colega de codefensa, la letrada Yolanda Terciado, pidió igualmente que se anulasen las entradas y registros de la policía en distintas empresas de Roca, entre ellas en Maras Asesores, por no encontrarse presente el ex asesor durante los mismos.

Tras un receso de unos quince minutos, el tribunal reanudó la vista con el turno del abogado Horacio Oliva, el defensor de cinco de los seis abogados del bufete madrileño Sánchez-Zubizarreta Soriano-Pastor que están acusados de actuar de testaferros de Roca. Pese a su dilatada experiencia y bagaje profesional, la presión y la enorme expectación que levanta el caso también afectaron al reputado penalista que otrora fuera defensor del fallecido Jesús Gil, quien se mostró ayer un poco menos seguro de lo que acostumbra durante sus intervenciones. Oliva repitió argumentos jurídicos: anulación del proceso porque se vulneraron derechos fundamentales. En concreto, se refirió a los que afectan a la libertad personal y al secreto profesional de sus clientes, que, en su opinión, no se respetaron durante el registro que el juez Torres ordenó en el bufete que los letrados tienen en la calle Fernando VI de Madrid.

«La investigación ha sido el fin supremo en este proceso, en el que se han vulnerado el derecho de defensa y a un proceso judicial con todas las garantías», aseveró Oliva, quien subrayó que el delito de blanqueo de capitales que se imputa a sus clientes no justificaba el «asalto» de la policía al despacho jurídico, que «no es una vivienda particular». El penalista dijo que se atentó contra el secreto profesional, que solo puede ser invadido por la investigación policial y judicial en los casos de delitos graves, como los de terrorismo.

También aludió a las escuchas telefónicas, que consideró nulas, y recordó el voto particular del presidente del tribunal que enjuicia el caso 'Ballena Blanca', con el abogado Fernando del Valle como principal imputado, porque las intervenciones telefónicas no cumplían con todos los requisitos.

Para Oliva, se excedieron los plazos de detención de sus clientes. También criticó las formas, en concreto, en el arresto de uno de los letrados que «iba con su mujer y su hijo de corta edad», y las condiciones en las que declararon los imputados después de varios días en el calabozo. «De Soriano Zurita -que es al mismo tiempo abogado y acusado- se dijo que no estaba en condiciones físicas ni mentales para asistir a un detenido, pero sí en cambio para declarar como imputado». Precisamente, el letrado Francisco Soriano, añadió que «estamos dentro de una pesadilla en la que nos ha metido un juez (en referencia a Torres) que ni siquiera era el titular del juzgado», y pidió la nulidad por «no ser el juez predeterminado por ley», y que se ha mostrado como «un juez parcial e inquisidor».