El PP tensa las vísperas del 29-S porque cree que hay un pacto entre Gobierno y sindicatos

Las centrales sindicales están convencidas de que el PP, con su negativa a pactar los servicios mínimos en las comunidades donde gobierna, busca adquirir protagonismo en la huelga general con fines electorales. CC OO y UGT reclamaron al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha impuesto los servicios más elevados, que recapacite y revoque el decreto que ha fijado los mínimos para el 29 de septiembre.

La huelga general convocada por los sindicatos contra los recortes del gasto público y la reforma laboral del Gobierno tiene un tercer actor que no figuraba en el guión, el PP. La decisión del Gobierno de Madrid de romper las negociaciones con los sindicatos y fijar por decreto los servicios mínimos, medida seguida por otras autonomías regidas por los populares, causó un profundo malestar en las centrales. El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, sostuvo que el Ejecutivo de Aguirre actuó con «premeditación», pues hizo público el decreto al mismo tiempo que negociaba con los sindicatos. Una actitud, dijo, «lamentable» porque el PP ha preferido «la vía de la imposición» en detrimento de la negociación.

El secretario de Acción Sindical de de esa misma central, Ramón Górriz, lamentó que las comunidades con gobiernos del PP prefieran «ahondar en el ataque» a los sindicatos antes que negociar un acuerdo que permita conjugar el derecho a la huelga y la prestación de unos servicios públicos mínimos. En esta misma línea la diputada regional y miembro de la dirección nacional de IU, Inés Sabanés, denunció que Esperanza Aguirre, con su actuación unilateral, solo busca «una confrontación» con las centrales sindicales «por motivos políticos».

El Gobierno de Madrid duplicó los servicios mínimos que pactaron los sindicatos con el Ministerio de Fomento. Ese acuerdo fijó, entre otros puntos, en un 25% los servicios de transporte, en tanto que el decreto de Aguirre estableció que durante la huelga funcione el 50% de los autobuses de la comunidad.

La iniciativa del Gobierno madrileño cuenta con el aval de la dirección del PP, y su portavoz de Economía, Cristóbal Montoro, argumentó que las administraciones «deben garantizar los transportes públicos para que los ciudadanos puedan tener la libertad de ir a trabajar». El consejero de Presidencia de Madrid, Francisco Granados, advirtió además de que los servicios públicos fijados «se tienen que cumplir» y recordó que el decreto establece unos mínimos «inferiores» a los fijados en la huelga de 2002 contra el 'decretazo' de José María Aznar.

Contra Aguirre

El consejero y secretario general del PP de Madrid aseguró que su partido no tiene «ningún interés» en confrontar con los sindicatos, el problema es que los sindicatos pretenden convertir la protesta del próximo miércoles en «una huelga contra el Gobierno de Esperanza Aguirre» y a favor de «los intereses del Partido Socialista y no de los intereses de los trabajadores».

Los populares tienen la sospecha de que tras el acuerdo de mínimos pactados por el Gobierno central y las centrales sindicales, el primer acuerdo que se consigue de este tipo antes de una huelga general, se esconde un compromiso de no agresión entre ambas partes para que los socialistas no ahonden en la herida si el paro no tiene un seguimiento amplio y que CC OO y UGT tampoco redoblen la presión sobre el Gobierno si la convocatoria es un éxito.

Las perspectivas para la huelga son bastante oscuras para los sindicatos a tenor de lo que arrojan las encuestas previas. Los dirigentes sindicales, como el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, insisten en pronosticar que va a ser «un éxito» y el Gobierno deberá dar marcha atrás en alguna de sus medidas. Pero un sondeo del diario 'Público' divulgado ayer constata que solo el 18% de los consultados secundará el paro, y el 67,1% no lo hará, mientras que el 13,2% se mueve aún en la duda.