El abultado déficit obliga al Gobierno a diseñar su presupuesto más austero

El Gobierno aprobó ayer su proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011. Son las cuentas más austeras de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y harán retroceder a España un lustro en términos de gasto de los ministerios. Todas y cada una de las partidas quedan supeditadas al cumplimiento del duro plan de consolidación fiscal, que no cambia. El abultado déficit de 2009 -que fue del 11,1% y no del 11,2%, como antes había calculado el Ejecutivo- tendrá que bajar al 6% a finales de 2011 y hasta el 3% cuando termine 2013.

Se trata, en palabras de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, de los Presupuestos «de la recuperación», de «la estabilidad» y «de la confianza». Todo ello pese a que esta actualización de las previsiones macroeconómicas pronostica para 2011 una tasa de paro superior en unas décimas a la prevista el pasado mes de mayo, y a que no hay ninguna mejora en las perspectivas de crecimiento. El Ejecutivo mantiene que en 2010 la economía española se contraerá un 0,3% y que el año que viene crecerá un 1,3%.

Son, además, unos presupuestos presididos por la «contención» en todo lo que se refiere al gasto público: el presupuesto de pagos de todos los ministerios caerá, de media, un 16%, lo que retrotraerá en este terreno a los departamentos que dependen del Gobierno central hasta niveles de 2006.

Eso no quiere decir que, en su conjunto, el Presupuesto será un 16% menor que el año anterior. El Estado contará con un límite de gasto no financiero fijado por el Parlamento en 122.022 millones de euros, que en términos homogéneos (descontada la diferencia derivada del nuevo sistema de financiación de las administraciones territoriales) es un 7,9% inferior a los 132.442 millones del año pasado.

La diferencia entre uno y otro porcentaje radica en que hay partidas no contabilizadas estrictamente como gasto de los ministerios, pero que suponen desembolsos que se incrementan, entre ellas el pago de los intereses de la deuda y las aportaciones a la Unión Europea. Eso si se comparan rigurosamente y sobre el papel unas cuentas con otras, porque en la práctica la diferencia solo será del 3% una vez descontados del Presupuesto de 2010 los efectos del duro plan de recortes -bajada de sueldos de funcionarios, congelación de pensiones, paralización de inversiones y reducción de derechos sociales- que aprobó en mayo el Ejecutivo.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, insistió en que la característica «diferencial» de estas cuentas es la austeridad. También las describió como «sociales», ya que suben -aunque en porcentajes mínimos- las pensiones más bajas y las no contributivas, porque las prestaciones sociales (desempleo, dependencia y becas) «se mantienen» y porque «los que más tienen en este momento» tendrán que pagar unos impuestos más altos. En concreto, subirán los gravámenes del IRPF un punto y dos puntos para quienes perciban unas rentas del trabajo superiores a 120.000 y 175.000 euros, respectivamente.

Los ingresos no financieros ascenderán a 106.020 millones de euros. La diferencia ingresos-gastos, una vez realizados ajustes de contabilidad nacional, arrojará un desfase de 24.388 millones, que equivaldrá a 2,3 puntos de déficit (incluido el efecto de la liquidación de las administraciones territoriales), según las previsiones oficiales.

Salgado dejó claro que estas cuentas «contribuirán a que el déficit sea del 6% en 2011», un objetivo al que el Gabinete socialista «subordina toda la distribución de partidas que se hace en este presupuesto». Además, la responsable de Economía y Hacienda destacó que el proyecto facilitará que el previsto incremento de deuda pública el año que viene sea «moderado». La previsión es que la deuda de las administraciones públicas al final de 2010 ascienda al 68,7% (51,5% en el caso de la administración central), veinte puntos por debajo del 88,5%, que es la media prevista para el conjunto de la zona euro.

Respecto del año presente, 2010, la vicepresidenta segunda avanzó que la ejecución del Presupuesto en vigor -cuyo detalles hasta agosto se conocerán la próxima semana- «es completamente compatible con la reducción del déficit previsto». Fue más allá, y aseguró que las cifras de recaudación que presentará el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, serán «algo mejores de lo previsto». «Vamos a acabar este año y el próximo cumpliendo los objetivos de déficit», aseguró.